El gobernador niega enfrentamiento entre instituciones
Rompen ombudsman y procuraduría queretanos
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Pablo Enrique vargas, presidente de la Comusión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro
Foto: Demián Chávez / archivo
Querétaro, Qro., 6 de abril. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pablo Enrique Vargas, desconoció como interlocutor válido al titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Juan Martín Granados Torres, a quien reprochó su falta de colaboración en la defensa de las garantías constitucionales.
El gobernador panista Francisco Garrido Patrón rechazó que sea un rompimiento entre el gobierno estatal y la CEDH, pues la ''relación institucional'' entre ambas partes se da a través del secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, y ''seguirá siendo así''.
El mandatario destacó que la CEDH no es un órgano jurisdiccional y no tiene ''calidad vinculatoria en cuanto a sus resoluciones'', pues ''lo que emite son recomendaciones'' a dependencias de gobierno, ''de tal manera que cualquiera que hagan desde el punto de vista formal tendrá que ser estudiada por el gobierno del estado, y el gobierno del estado legalmente queda en libertad de aceptar o no'' las observaciones del órgano defensor de los derechos humanos.
En entrevista, el ombudsman Vargas explicó que ante la falta de ''acatamiento'' de la PGJ a las recomendaciones que ha emitido la CEDH, y la ausencia de un compromiso con la defensa de los derechos humanos, ''se ha perdido la interlocución'' con la dependencia. ''Para la comisión, el procurador ya no está siendo un interlocutor válido; el interlocutor es el secretario de Gobierno, y así lo vamos a mantener'', advirtió Pablo Enrique Vargas.
El conflicto entre ambas instituciones se originó cuando la PGJ prohibió a visitadores de la CEDH realizar acciones de supervisión en las agencias del Ministerio Público y en los separos de la policía investigadora ministerial a menos que exista una solicitud.
La CEDH ha señalado a la PGJ diversas irregularidades, como detenciones arbitrarias, abuso de autoridad y tortura, cometidas por agentes ministeriales.
La investigación más reciente de la CEDH en contra de la PGJ fue resultado del asesinato de Genaro Arres Rascón, quien falleció el 22 de marzo presuntamente a manos de los agentes ministeriales Francisco Javier Jaramillo Morales y Víctor Manuel Urbieta Morales, cuando lo interrogaban como sospechoso de un robo de 18 millones de pesos.
El juzgado sexto penal de primera instancia determinó que los agentes ministeriales Jaramillo Morales y Urbieta Morales no recibirán auto de formal prisión por el delito de tortura, pues en la acusación de homicidio calificado por la cual se les procesa ''ya está incluido el primer ilícito''.