Los recortes pueden afectar a mil 200 profesionales
Despiden a 280 empleados de las nuevas petroleras de Venezuela
Caracas, 6 de abril. Las nuevas empresas petroleras mixtas controladas por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), creadas el viernes pasado para sustituir a empresas privadas con convenios operativos, despidieron a 280 empleados, informaron dirigentes sindicales a la prensa.
''Los sindicatos ya nos hicieron llegar la data de 220 personas despedidas por las empresas internacionales Repsol, BP y Chevron-Texaco'', informó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Froilán Barrios, quien precisó que otros 60 trabajadores fueron despedidos también de Chevron-Texaco en la ciudad petrolera de Maracaibo.
El ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, aseguró que las nuevas empresas mixtas asumirían la nómina de obreros de los antiguos convenios operativos, pero no la gerencial, aunque dijo que se evaluaría cada caso.
El despido puede afectar a mil 200 profesionales medios y altos, apunta el diario El Universal, que también indica que muchos de ellos no serán absorbidos por la empresa mixta controlada por el Estado, porque participaron en el paro petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
El gobierno de Ecuador vetará parcialmente la ley de hidrocarburos
Mientras tanto, en Ecuador el gobierno anunció que vetará parcialmente una polémica ley de hidrocarburos aprobada la semana pasada por el Congreso. De entrar en vigor la nueva legislación, se obligaría a las petroleras extranjeras a entregar 60 por ciento de los ingresos extras por el alto precio del crudo.
El secretario de Comunicación, Enrique Proaño, expresó que el Ejecutivo intentará que la ley sea aplicada ''no como está'' y destacó que ''tendrá algunas modificaciones que sean necesarias''.
El Ejecutivo debe anunciar oficialmente antes del domingo que devuelve la ley al Congreso para que el Legislativo le haga modificaciones.
Las petroleras extranjeras han anunciado su oposición a esta nueva ley que consideran inconstitucional y atentatoria de la seguridad jurídica; advirtieron que desanimará las inversiones y podría desencadenar demandas y arbitrajes.
El gobierno había planteado al Legislativo una reforma de la ley de hidrocarburos para distribuir a partes iguales entre el Estado y las petroleras la diferencia entre el precio del crudo establecido en los contratos y el que está en vigor en los mercados internacionales.