Usted está aquí: viernes 7 de abril de 2006 Política Autoridades satanizan por error a los indocumentados: Standard and Poor's

Esos trabajadores aportan cada año a la seguridad social entre 6 mil y 7 mil mdd

Autoridades satanizan por error a los indocumentados: Standard and Poor's

Considerarlos delincuentes ocasionaría graves daños a la construcción, la agricultura y la salud

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y VICTOR CARDOSO

Ampliar la imagen Autoridades de Puebla detuvieron a 12 indocumentados hondureños que pretendían llegar a territorio estadunidense Foto: Reuters

El intento de criminalizar a los trabajadores sin papeles de residencia en Estados Unidos puede generar un impacto negativo en las industrias de la construcción, agricultura y salud, pero al mismo tiempo parte de una base equivocada: la de considerar que los migrantes generan costos a los sistemas de educación y salud, consideró Standard and Poor's.

En un reporte, la firma de calificación aseguró que cada año los trabajadores migrantes hacen contribuciones a la seguridad social estadunidense por entre 6 mil y 7 mil millones de dólares que, por la misma situación migratoria, jamás reclaman y se mantienen en la reserva del seguro social.

El costo de educar a todos los hijos de trabajadores indocumentados es de 11 mil 200 millones de dólares. "Ello significa que el costo de educar a los hijos de trabajadores ilegales sería la mitad si los fondos de la seguridad social no reclamados fueran redireccionados", añadió.

Standard and Poor's recordó que, de acuerdo con la mayoría de estimaciones, actualmente están en Estados Unidos alrededor de 11 millones de personas sin documentos de migración. De ellos, alrededor de 56 por ciento procede de México, otro 22 por ciento de América Latina y el resto de otras regiones del mundo. Aproximadamente dos terceras partes tienen 10 años o menos trabajando en aquel país. Cita datos del Pew Hispanic Center para mencionar que los trabajadores indocumentados representan 4.9 por ciento de la fuerza de trabajo estadunidense, es decir, 7.2 millones en un universo de 148 millones.

Una de las variables del actual debate sobre el tema de la migración en el Congreso de Estados Unidos es la afirmación de que los trabajadores que no tienen regularizada su situación migratoria representan un alto costo para los sistemas de seguridad y salud.

A este respecto, Standard and Poor's considera que, efectivamente, existen costos reales para algunos estados y municipalidades, especialmente en los renglones de educación y salud. La firma de correduría expone que una mala asignación de los costos entre varios niveles del gobierno es, al menos, un problema tan serio como la magnitud total de este gasto.

Cada año, por ejemplo, la administración de la seguridad social de Estados Unidos retiene entre 6 mil y 7 mil millones de dólares que no puede asignar debido a fallas en los números de las cuentas de la seguridad social. La gran mayoría de estos números son atribuidos a trabajadores indocumentados que nunca reclaman sus beneficios.

Agrega que si esos fondos pudieran ser destinados a apoyos a autoridades locales, podrían generar un ahorro en el gasto que deben hacer para educación, por mencionar un ejemplo. Los distritos escolares locales estiman que tienen a 1.8 millones de hijos de padres indocumentados. A un costo promedio anual de 7 mil 500 dólares por estudiante, generan un gasto de 11 mil 200 millones de dólares.

Esto significa que alrededor de la mitad de los costos educativos de los hijos de trabajadores indocumentados podrían ser financiados si los fondos retenidos en la seguridad social fueran redireccionados en ese sentido.

"Dado que esta redirección de fondos puede no ocurrir nunca, el principio se mantiene válido: los impuestos generados" por el gasto de los trabajadores indocumentados pueden ayudar a reducir los costos que esos trabajadores generan. Algunos estudios muestran que en un estado como California, que alberga al mayor número de trabajadores indocumentados, los inmigrantes generan recursos equivalentes entre una tercera parte y la mitad de los costos que causan al Estado a través de los impuestos a las ventas y otras contribuciones.

 
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