Al mediodía anunciaron el acuerdo, pero por la noche no consiguieron los votos necesarios

De última hora frenan en EU plan para regularizar indocumentados

Se provocará que millones se escondan en las sombras de la sociedad estadunidense, denuncian

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Washington, 6 de abril. Los opositores a una reforma migratoria lograron frenar esta noche lo que, sólo unas horas antes, el liderazgo del Senado había calificado como un acuerdo histórico, desinflando las esperanzas de aprobar un proyecto de ley por ahora.

Después de días de empantamiento, el Senado parecía haber logrado un consenso y estar al borde de aprobar un plan de reforma migratoria por la que se beneficiarían millones de indocumentados, aunque sacrificando a otros, y la adopción de un programa de trabajadores temporales, pero luego de anunciar un acuerdo en principio al mediodía, nueve horas después todo regresó al limbo.

El Senado tiene programado sesionar este viernes, y los legisladores podrían intentar rescatar la posibilidad de aprobar un proyecto antes de su receso de 15 días, pero nadie deseaba apostar sobre el resultado esta noche.

"Hemos tenido un enorme avance", celebró el líder de la mayoría republicana Bill Frist en una conferencia de prensa conjunta ofrecida al mediodía con el líder de la minoría demócrata, Harry Reid, y un grupo bipartidista de sus colegas; adelantó que esto concluiría con la aprobación de un proyecto de ley de reforma migratoria. Sin embargo, todo pareció estancarse de nuevo durante la tarde y esta noche continuaban las negociaciones para conseguir los votos necesarios.

El presidente George W. Bush había dado la bienvenida al aparente acuerdo en el Senado esta tarde e instó a los senadores a resolver sus diferencias. "Estoy complacido de que los republicanos y los demócratas en el Senado estén trabajando juntos para lograr un proyecto de ley comprensivo sobre migración", dijo. Tras señalar que aún había algunas diferencias, el presidente instó a los legisladores a "trabajar duramente" para concluir el proyecto antes del receso de dos semanas que se inicia este fin de semana.

El senador Edward Kennedy declaró que "nuestro plan es firme y justo, y estoy alentado de que el presidente ahora lo apoya". Indicó que "el pueblo estadunidense ha hecho que sus voces sean escuchadas en las iglesias, en sus escuelas y en las calles, y el Senado ha escuchado", reconociendo el impacto de las masivas movilizaciones en demanda de respeto de los derechos de los inmigrantes que han sacudido a este país en las últimas semanas.

Pero todo este entusiasmo quedó anulado esta noche, después de nueve horas de negociaciones a puerta cerrada entre líderes del Senado que no lograron conseguir suficientes votos para el acuerdo.

El acuerdo bajo negociación -anunciado con tonos triunfantes esta tarde-, contiene los tres elementos que enmarcan el debate sobre migración: medidas de control fronterizo, la regulación de flujos futuros de inmigrantes a través de programas de trabajadores huésped y vías de legalización para algunos de los aproximadamente 12 millones de indocumentados en el país.

El tema de qué hacer con los indocumentados es el centro de la disputa sobre la reforma migratoria; algunos proponen expulsarlos a todos y otros buscan mecanismos para "regularizar" su presencia. Todos los legisladores y el presidente continúan insistiendo en que se oponen a cualquier cosa que parezca "amnistía" para gente que "ha violado la ley".

Para comprobar que no están ofreciendo amnistía, los políticos repiten que están imponiendo "costos", "penas", "multas" y verificaciones sobre aquellos inmigrantes que ingresaron o residen en el país "ilegalmente" antes de permitir que sean legalizados.

En la propuesta que ahora está considerando el Senado, los indocumentados serían divididos en tres categorías. Los que han residido en este país más de cinco años, cumplan con una serie de requisitos (comprobantes de estancia, trabajo, pago de impuestos, aprender inglés, etcétera) y paguen una multa de 2 mil dólares podrán permanecer y continuar el proceso de solicitar ciudadanía si continúan trabajando durante seis años más.

Los que han permanecido aquí entre dos y cinco años tendrían que regresar a un punto de ingreso al país, registrarse como trabajadores temporales, y podrían iniciar el proceso de solicitar la ciudadanía. Aquellos que han estado aquí menos de dos años serían obligados a retornar a sus países de origen sin ninguna garantía de poder reingresar a Estados Unidos.

Pero para algunas de las fuerzas pro reforma, esto podría ser aceptable sólo como un primer paso en la negociación de un proyecto de ley. Algunos señalan que con esto se podría poner en vías de legalización a entre 9 y 10 millones de indocumentados, aunque a unos 2 millones -los que han llegado más recientemente- se les negaría ese privilegio.

La nueva versión del proyecto fue elaborada por los senadores republicanos Mel Martínez, de Florida (el único inmigrante en el Senado, cubanoamericano), y Chuck Hagel, de Nebraska, y apoyado de inmediato por el influyente John McCain.

El proyecto de ley elaborado por McCain y su contraparte demócrata Edward Kennedy -negociado y aprobado en el Comité Judicial- fue descartado hoy. Esa versión patrocinada por el presidente del Comité Judicial Arlen Specter fue la base del debate en el pleno hasta ahora. Pero cuando fracasó el intento de suspender el debate y avanzar hacia un voto de este proyecto (se requerían por lo menos 60 votos, y sólo se lograron 39 con 60 en contra) eso marcó el fin de esta iniciativa.

Pero con ello se abrió la consideración de la nueva iniciativa presentada por el senador Frist y que contiene las propuestas de Martínez y Hagel. Esta fue la versión negociada presentada conjuntamente por esos tres senadores junto con McCain, Specter y Kennedy, entre otros, indicando así un apoyo bipartidista inicial.

La nueva versión ya está provocando divisiones entre la extensa coalición de sindicatos, organizaciones latinas, iglesias y empresarios que han promovido una amplia reforma migratoria.

Hoy, la central obrera AFL-CIO expresó su oposición a las medidas del nuevo proyecto. John Sweeney, presidente de esa central, declaró que la propuesta Martínez-Hagel mina una reforma real y solo llevará a que millones de trabajadores inmigrantes se escondan aún más "en las sombras de la sociedad estadunidense, dejándolos vulnerables a la explotación".

Al dividir a los inmigrantes aquí, señaló, se creará una comunidad de tres niveles que "degrada y marginaliza a millones de familias inmigrantes en nuestras comunidades mientras se reducen las normas salariales y beneficios para todos". Sweeney insistió en que se debe ofrecer una vía a la ciudadanía para todos los trabajadores inmigrantes y reconocerlos "como miembros plenos de la sociedad --como residentes permanentes con derechos plenos y plena movilidad que no pueden ser explotados por los empleadores. La idea de que cualquier grupo de trabajadores en Estados Unidos debería ser tratado como menos que iguales es atroz. Socava un valor fundamental de nuestra sociedad y pone en jaque a los derechos de todo trabajador".

Sin embargo, otros integrantes de la coalición pro inmigrante fueron más cautelosos. El Consejo Nacional de la Raza, los sindicatos nacionales de servicios SEIU y UNITE/HERE, el Foro Nacional sobre Migración y varios representantes pro inmigrantes, como Luis Gutiérrez y Jim Kolbe, indicaron que hay un gran avance hacia un proyecto de ley que contiene elementos necesarios para una reforma migratoria, pero que contiene medidas preocupantes. También advirtieron que son necesarias algunas garantías para proteger partes claves de esta reforma en torno a la legalización de indocumentados en el proceso de negociación con la cámara baja.

Grupos antinmigrantes como FAIR y varios legisladores de ambas cámaras rechazaron la nueva propuesta como una "amnistía" enmascarada y prometieron que no permitirán que sea promulgada como ley.

El locutor Lou Dobbs de CNN, quien se ha destacado como una voz contra la legalización, anunció el acuerdo como "el Senado acuerda otorgar amnistía".