Gustavo Iruegas

La iniciativa Derbez

Circula por ahí un memorando sin membrete ni firma que recomienda abrir consulados de Estados Unidos en los aeropuertos mexicanos si quiere operarse aquí un servicio de inspección previa de los pasajeros que viajen a ese país. Antes de abandonar territorio nacional pasarían el control migratorio que normalmente se practica en el aeropuerto de destino, al igual que las revisiones aduanales, de seguridad y sanitarias.

Aunque no se conoce su origen, se supone que el documento fue elaborado en la cancillería, pero por alguna razón -que desde luego no es la práctica diplomática- está escrito en inglés. Como el canciller admite que México promueve ante Estados Unidos el proyecto de marras, ha hecho suya, si no el memorando, sí la iniciativa. El misterio deja de serlo, pero el asunto no pierde interés.

En el documento se argumenta que, en México, la manera menos engorrosa de practicar la revisión previa es la apertura de consulados estadunidenses en los aeropuertos, pues solamente así se evitarían impedimentos legales para que autoridades extranjeras puedan operar en territorio nacional.

En efecto, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1964) enumera en su artículo 5 las funciones consulares regulares, y permite, según su inciso m), a estas oficinas las demás funciones que no estén prohibidas por las leyes y reglamentos del Estado receptor o las que sean atribuidas por los acuerdos internacionales en vigor entre el Estado que envía y el receptor.

También explica que al conceder estatus consular a los locales de preinspección, éstos gozarán de privilegios e inmunidad previstos en la misma convención: uso del escudo y bandera, inviolabilidad de oficinas y archivos, exención fiscal, libertad de tránsito y de comunicaciones (correo y valija consular, mensajes cifrados) y cobro de derechos y aranceles, entre otros.

La idea no es nueva y no es mexicana. Estados Unidos ha concertado con Canadá y otros gobiernos arreglos semejantes que tienen ya muchos años funcionando de manera satisfactoria. Entre los integrantes del Mercosur hay acuerdos semejantes. En Canadá los beneficios son evidentes: para el pasajero común es una ventaja pasar por las oficinas inspectoras nacionales y extranjeras una sola vez antes de iniciar el viaje. De esta manera, si surge un eventual rechazo, se evitará la molestia de perder tiempo y dinero.

Para el gobierno extranjero el interés de la inspección previa es más bien policiaco y surge de la necesidad de garantizar la seguridad en las naves, en poder rechazar a los indeseables antes de que ingresen a su territorio y contar con tiempo para detener a los buscados en suelo propio y con plena autoridad.

Para México los riesgos son grandes. La obligación -de cuya complejidad y peligro no advierte el memorando- es que el gobierno de México tendría que proveer seguridad a dichos locales consulares. Basta pasar por enfrente de la embajada estadunidense en el Distrito Federal para darse cuenta de la dificultad y el trastorno que exigen y generan las necesidades de seguridad de esas oficinas.

Otras complicaciones provendrían de las medidas que aplica el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Por ejemplo, los marshalls que viajan armados en vuelos locales en Estados Unidos podrían hacerlo a y desde México con sólo llenar un simple expediente y ser acreditados como personal consular. Recuérdese el gatillo fácil de los policías estadunidenses en la frontera.

Más grave aún es que su simple presencia en un aeropuerto mexicano haría a la oficina consular -y con ello al aeropuerto que la albergue- blanco de los múltiples enemigos de Estados Unidos.

Además de lo riesgoso del proyecto, resulta cuando menos extravagante que sea el país receptor (México) el que inicie la gestión y el que proponga instalar consulados formales con toda clase de privilegios e inmunidades, pues el beneficiario de esta medida será el país que envía la misión consular (Estados Unidos).

Más extraño aún es que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga eco de una solicitud de "grupos del sector privado de turismo", a sabiendas de que la revisión previa funciona en favor de los turistas que salen del país, no de los que entran; es para los mexicanos que van a gastar su dinero en el exterior y no para los estadunidenses que vienen a gastarlo aquí. Quizá esta observación encierre la razón de la Secretaría de Turismo para no ser la promotora de la iniciativa.

Pese a los graves inconvenientes que pueden argumentarse en contra de la iniciativa, es evidente el intento de la cancillería de engañar a la opinión pública nacional, al presentar como propia la iniciativa que es de obvio interés para Estados Unidos antes que para México.

La obsecuencia ha nublado la visión de los funcionarios de la cancillería, quienes alientan cualquier propuesta del vecino país, y optan por mentir y disfrazarla de propia para defenderla.

La opinión pública mexicana está frente a la paradójica situación en la que, al desconfiar de las intenciones del gobierno estadunidense, debe anteponer la suspicacia a lo dicho por sus propias autoridades y, por supuesto, resentir que se le subestime en su propia casa.