La solicitud del organismo fue clasificada como reservada
Piden senadores a SRE copia de su respuesta a la CIDH
El punto de acuerdo fue presentado por la fracción del PRD
La fracción del PRD en el Senado demandó ayer que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) entregue al Congreso copia del documento que remitirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que pidió al gobierno mexicano un informe sobre la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión.
De igual manera solicitó a la cancillería dé a conocer los criterios considerados para clasificar como reservada la información consignada en el expediente relativo a la solicitud que hizo la CIDH.
César Raúl Ojeda, coordinador del grupo parlamentario del PRD en el Senado, presentó ante el pleno un punto de acuerdo para que la SRE también haga llegar al Congreso copia de la comunicación oficial enviada al Estado mexicano por el secretario ejecutivo adjunto de la CIDH, donde el organismo señala que las reformas recién aprobadas son incompatibles con la democracia.
Recordó que el gobierno de México tiene siete días hábiles, a partir del 3 de abril, para argumentar y demostrar lo contrario. Esto significa ''que la administración foxista deberá demostrar lo imposible, lo que ni siquiera los más férreos defensores de la reforma lograron comprobar: que la legislación no atenta contra los compromisos adquiridos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y específicamente que no afectará la tenencia y las licencias de las radios comunitarias, ni el derecho que tienen de acceder al espectro radioeléctrico los demás sectores minoritarios'', explicó el legislador perredista.
Ojeda informó que la cancillería ya solicitó a las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que elaboren el documento con el que el gobierno responderá la demanda de información de la CIDH.
También sostuvo que el tema es de la mayor importancia, pues de la respuesta que dé la administración de Vicente Fox, dependerá la posibilidad de que la Comisión Interamericana ordene medidas cautelares.