Sólo se permite, previa solicitud, cuando existe una queja por abuso policiaco
Prohíben a la CEDH queretana visitar separos y agencias del MP
El ombudsman estatal ''invitará'' a la Procuraduría estatal a colaborar con las verificaciones
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Agentes ministeriales implicados en la muerte de Genaro Arres, víctima de tortura
Foto: Demián Chávez / archivo
Querétaro, Qro., 4 de abril. Sin explicación alguna, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Querétaro prohibió a los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) realizar observación en las agencias del Ministerio Público y en los separos de la policía investigadora ministerial.
El ombudsman estatal, Pablo Enrique Vargas Gómez, anunció que ''invitará'' a la dependencia a que siga coadyuvando para desterrar abusos.
Durante 2004 y 2005 la CEDH documentó tres casos de tortura, por los cuales emitió sendas recomendaciones a la PGJ, pues involucraban a agentes ministeriales.
Actualmente está en curso una investigación por el asesinato de Genaro Arres Rascón, del cual se acusa a policías de la PIM.
Arres murió el 22 de marzo cuando rendía su declaración en la quinta agencia del MP de la capital queretana.
El 23 de marzo la Procuraduría de Justicia detuvo a 10 agentes de la policía investigadora ministerial relacionados con la muerte de Arres Rascón, jefe de traslado de la compañía Transporte Especializado BISSA, la cual lo acusó del robo de 18 millones de pesos.
Días después, los presuntos implicados aseguraron, en una carta dirigida al gobernador Francisco Garrido Patrón, que mataron a golpes a Arres Rascón por órdenes del director de la corporación, Juan Rincón Nava. El secretario de Gobierno, Alfredo Botello Montes, respondió que no era factible atender ''un anónimo'', pues el documento iba firmado por ''elementos incómodos de la PIM''.
A pesar de que el procurador Juan Martínez Torres fue citado a comparecer ante el Congreso local, el propio Garrido Patrón puso fin a la polémica el 31 de marzo, cuando aseguró que los policías involucrados actuaron ''por voluntad propia'' y que Granados permanecería en el cargo.
El asesinato de Arres, apuntó el defensor de derechos humanos, se habría evitado si a finales del año pasado la PGJ no hubiera prohibido, en un oficio, que personal de la CEDH visite las agencias del MP y los separos de la PIM, actividades que forman parte de su programa anual de supervisión.
Pablo Enrique Vargas apuntó que el oficio les fue girado luego de que el organismo que preside emitió una serie de recomendaciones a la procuraduría, a raíz de la documentación de abusos contra detenidos.
Juan Martín Granados Torres, titular de la PGJ, aseguró que ese oficio no es una prohibición, sino una petición para que los visitadores informen qué tipo de revisión o inspección pretenden realizar.
Pero Vargas Gómez repuso que en el oficio resulta evidente ''que ya no se permiten las visitas a menos que haya una queja de por medio''.
Entrevistado durante la presentación del Manual de los derechos humanos y seguridad pública municipal, el ombudsman anunció que invitará a la PGJE a que ''nos permita visitar los ministerios públicos y colaborar para que se eviten actos (de tortura) como de los que lamentablemente fuimos testigos'', entre ellos el caso de Genaro Arres.
La falta de supervisión y prevención en las agencias del MP ocasiona ''acontecimientos'' co- mo la muerte de Genaro Arres, aseguró el ombudsman, quien indicó que el programa de supervisión se aplica en cárceles municipales y estatales con la colaboración de las autoridades.
Vargas Gómez dijo que la CEDH ha realizado señalamientos ''muy puntuales cuando hay dilación en la procuración de justicia, cuando hay deficiencia en la integración de averiguaciones previas, cuando hay abuso de alguna autoridad ministerial, lo que puede molestar.
''Todas las autoridades han colaborado con la comisión: la Secretaría de Salud, a través del programa de supervisión hospitalaria; la Dirección General de Readaptación Social, a través de supervisiones penitenciarias, y los municipios, con inspección en cárceles y juzgados cívicos.
''Por eso llama la atención que la procuraduría sea la excepción, que de la noche a la mañana nos mande un oficio donde ya no nos permita las visitas a menos de haya una queja.''
Desaire del gobierno estatal
El alcalde de Querétaro, el panista Armando Rivera Castillejos, lamentó que el titular de la PGJE, Juan Martín Granados Torres, no haya acudido a la presentación del manual de derechos humanos y que el mandatario estatal, Francisco Garrido Patrón, haya enviado a un representante que ''ni siquiera es parte de su gabinete''.
Consideró que estas actitudes debilitan la credibilidad de los gobernantes. ''El abuso de autoridad es un delito que lesiona la confianza de la sociedad. Donde no hay respeto a los derechos humanos no hay confianza en la autoridad; donde no hay confianza en la autoridad no puede haber seguridad'', expresó.