Las grandes compañías se quedarán en Venezuela para ''proteger sus inversiones''
Eni podrá demandar a PDVSA por tomar el control de su campo petrolero
La producción diaria de crudo no se verá afectada, aclaran autoridades del sector
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Barco tanque petrolero en la refinería José, de Venezuela, cuyo gobierno tomó el control de los campos de Total y Eni cuando se negaron a firmar los nuevos contratos de explotación
Foto: Reuters
Caracas, 4 de abril. A pesar de que el gobierno venezolano asumió el control de dos campos petroleros operados por la francesa Total y la italiana Eni, las grandes compañías del sector ''decidirán quedarse para proteger los costos de sus inversiones previas''.
Los campos petroleros que pasaron a manos del gobierno tienen una producción conjunta de unos 90 mil barriles diarios; sin embargo, las autoridades estimaron que la producción diaria de petróleo no se verá afectada, por lo que ahora se prevé un nuevo conflicto del presidente Hugo Chávez con firmas multinacionales.
La italiana Eni consideró la acción gubernamental como una violación de sus derechos contractuales, que exigirá sean reparados, mientras Total no se ha manifestado al respecto.
La compañía anunció en Milán que dará un plazo a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ''para buscar un acuerdo que cubra los derechos completos'', y lanzó la advertencia: ''Si no se logra un acuerdo, Eni iniciará una acción judicial para defender sus derechos''.
La decisión de asumir los campos petroleros es parte de un proceso para que las compañías que operan en el país transfieran sus convenios de servicios firmados en la década de los 90 a empresas mixtas. El proceso finalizó el viernes y la mayoría de las petroleras firmaron los nuevos acuerdos, menos Total y Eni.
Las condiciones resultan menos favorables para las compañías extranjeras en materia de regalías e impuestos sobre los beneficios, dijeron los expertos.
Chávez busca aumentar el control sobre el estratégico sector del quinto exportador mundial de crudo, cuyas autoridades dicen que produce unos 3.3 millones de barriles por día, y de paso buscaría que los ex gerentes responsables de la apertura de la industria petrolera a la inversión extranjera en la década anterior sean objeto de sanciones políticas y penales.
Las nuevas sociedades mixtas, en las que PDVSA tiene como mínimo el 60 por ciento, deberán pagar 30 por ciento de regalías para los hidrocarburos y 50 por ciento de impuestos por beneficios, contra el uno por ciento de regalías y 36 por ciento de impuestos del pasado.
''Las empresas que no se ajusten a nuestras leyes no queremos que se queden en el país. Si aquí va a llegar una empresa, por muy grandota que sea, a ponernos condiciones inaceptables, no nos interesa'', declaró el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez.
Los analistas esperan que con las transferencias de convenios los pequeños operadores finalicen sus operaciones en el país, ''mientras las firmas grandes deciden quedarse para proteger los costos de sus inversiones previas. Sin embargo, se prevé que las empresas que decidan quedarse sean muy reacias para comprometerse a mayores inversiones en el país, dada la clara evidencia de incertidumbre regulatoria''.
Ante este panorama, Chávez abrió otro frente en su proceso de Revolución Bolivariana, ahora con los ex empleados de PDVSA que en 2002 realizaron un paro en la petrolera estatal.
El secretario ejecutivo de la opositora Federación de Trabajadores del Petróleo (Fedepetrol), Rafael Zambrano, denunció el despido de trabajadores en las trasnacionales petroleras que se convirtieron en empresa mixtas.
Señaló que los despidos comenzaron cuando ''a una gran cantidad de trabajadores que laboraban en (las trasnacionales) Shell, Chevron, BP y Daeterenko le prohibieron la entrada a las instalaciones'' de las empresas, a menos de 48 horas de haberse constituido las nuevas asociaciones con el Estado.