Votación mayoritaria, pese a la abstención del PAN

Aprueba el Senado nueva ley en pro de migrantes

Se perseguirá y penalizará a los traficantes de personas

ANDREA BECERRIL Y GEORGINA SALDIERNA

El Senado aprobó ayer por mayoría, a pesar de que se abstuvo el grupo parlamentario del PAN, una nueva Ley de Protección a Migrantes y sus Familias, mediante la cual se perseguirá y penalizará a los traficantes de personas sin documentos y se estimulará la repatriación voluntaria a destinos no fronterizos. Además, se creará una comisión especial de apoyo a estos trabajadores.

Durante la discusión del tema, la senadora Cecilia Romero, del PAN, informó que su bancada decidió abstenerse de votar la iniciativa, porque contiene vicios que en algunos casos podrían ser contraproducentes en su finalidad de proteger a los migrantes.

Entre ellos, enumeró la duplicidad de funciones de diversas dependencias y que "no se puede legislar sobre aquellos asuntos que están funcionando", como el Programa Paisano y los que aplican consulados, embajadas y el Instituto Nacional de Migración.

Si bien el propósito de la iniciativa es loable, pues se busca respaldar a los migrantes, añadió que la forma como se pretende hacerlo no es precisamente la que dará los mejores resultados.

En favor del dictamen subieron a la tribuna, el priísta Adrián Alanís Quiñones y el perredista Rutilio Escandón. El primero resaltó que con la aprobación del dictamen se da certeza jurídica a los extranjeros que utilicen el país como vía de tránsito para llegar a Estados Unidos, evitando malos tratos u otras irregularidades por autoridades en la frontera sur del territorio nacional.

Se creará, detalló el priísta, una política integral de Estado en materia de protección al migrante, con un marco jurídico institucional que tutele sus derechos fundamentales y establezca las bases de colaboración interinstitucional entre la Federación, los estados, el DF y las organizaciones no gubernamentales.

A su vez, el senador del PRD Rutilio Escandón dijo que con ese dictamen se busca flexibilizar y agilizar la regulación de los flujos migratorios en el país, sin descuidar la soberanía y seguridad fronteriza, ni la defensa de los derechos humanos de los trabajadores.

La nueva ley contempla la creación de la Comisión Nacional de Protección de Migrantes, la cual funcionará como una entidad paraestatal. De igual manera se fijan funciones específicas que debe cumplir cada una de las secretarías de Estado relacionadas con el tema de la migración, y se establecen criterios obligatorios para apoyar a los trabajadores mexicanos en el extranjero.

De ellos, sobresale la homologación de las disposiciones jurídicas y administrativas nacionales con los convenios internacionales sobre migración y derechos humanos ratificados por México. Asimismo, el compromiso de resolver las causas que originan el fenómeno, y también perseguir y penalizar a quienes realicen o colaboren con el tráfico de personas.

Destaca la determinación de impulsar y motivar el retorno voluntario de los migrantes mexicanos, así como la propuesta de estimular la repatriación voluntaria a destinos no fronterizos.