Punto de acuerdo en la Cámara; debe explicar oferta a EU

Exigen cuentas a la SRE sobre consulados en los aeropuertos

No prospera propuesta perredista de llamar a Derbez

Por mayoría, la Cámara de Diputados aprobó ayer un punto de acuerdo en el que exige a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le informe de manera precisa lo concerniente al ofrecimiento que hizo al gobierno de Estados Unidos para que instale oficinas consulares en los aeropuertos mexicanos.

Mientras, en el Senado, la priísta Dulce María Sauri Riancho se mostró partidaria de que se aplique un plan piloto en las terminales aéreas de Cancún y Mérida; el perredista Serafín Ríos Alvarez solicitó información a la cancillería, en tanto que la panista Cecilia Romero pidió analizar la propuesta con objetividad, no prejuzgarla o descalificarla a priori.

Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) advirtió que la operación de autoridades estadunidenses en aeropuertos mexicanos representa "un pisoteo brutal a la soberanía" nacional y una invasión permitida ilegalmente por la SRE y la Presidencia de la República. Alejandro González Yáñez, integrante de la coordinación nacional petista, dijo que el Poder Legislativo no debe permitir que persista la "conducta sistemática del canciller Luis Ernesto Derbez y del presidente Fox" para otorgar más concesiones al gobierno de Washington.

"Es necesario detener esa actitud proclive, sumisa", dijo el también coordinador de los diputados del PT.

En tanto, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la mayoría de los legisladores aprobó el texto siguiente:

"Que envíe a esta Cámara la información que se conoció a través de medios de comunicación, en el sentido de que dicha secretaría ofreció al gobierno de Estados Unidos de América la anuencia de México para que, en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), se instalen oficinas consulares de dicho país en los aeropuertos nacionales, a fin de que realicen tareas de revisión y predeclaración, entre ellas de mercancías y personas que en su itinerario toquen distintos puntos de la Unión Americana."

No se requiere reforma legal

La priísta Sauri Riancho explicó que el mecanismo se utiliza en Canadá desde hace muchos años, y consiste en revisar en territorio canadiense a las personas y la carga que van hacia Estados Unidos, y luego, cuando se internan en suelo estadunidense, ya no hay necesidad de que pasen por otra revisión.

Dijo ser partidaria de aplicar un proyecto piloto en territorio nacional. Se ha hablado de que el mecanismo se inicie, para la parte migratoria de personas, en el aeropuerto de Cancún, y para las mercancías, en Mérida, explicó.

Asimismo, sostuvo que para llegar a un acuerdo de este tipo con el gobierno de Estados Unidos el Ejecutivo no requiere promover ninguna reforma legal.

Por su lado, Serafín Ríos Alvarez, del PRD, promovió un punto de acuerdo -que no fue analizado por el pleno por falta de quórum- para citar a comparecer al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, con el propósito de que informe sobre la intención de acreditar a personal de Estados Unidos para realizar funciones de premonitoreo, así como todo lo relacionado con los compromisos bilaterales y trilaterales asumidos por el país en el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte.

De acuerdo con la información que se conoce sobre el caso, puntualizó que dicho personal tendría un régimen de soberanía extraterritorial semejante al que poseen en las embajadas, razón por la cual las instituciones mexicanas no tendrían ninguna autoridad sobre los funcionarios ni sobre las instalaciones. En suma, advirtió, se trataría de oficinas reguladas por un régimen de excepción y por principios de derecho internacional que les garantizan la inviolabilidad y la inmunidad diplomática sobre sus actos.

Por su lado, la panista Cecilia Romero consideró que la iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores da respuesta a las necesidades urgentes que existen de atención consular. Esto nada tiene que ver con interferencia o injerencia en decisiones internas que adopte el país, puntualizó.

Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril, Georgina Saldierna y Fabiola Martínez