Editorial
Radio y televisión: lo que viene
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió ayer una comunicación al gobierno de Vicente Fox en que lo emplaza a informar sobre las reformas legales recientemente impuestas en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, y en que se expresa la preocupación del organismo hemisférico ante el riesgo de que ese engendro legislativo resulte violatorio de los derechos humanos. El documento de la CIDH es consecuencia de las quejas presentadas por diversas organizaciones mexicanas, particularmente la sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. De esta manera, el regalo de bienes públicos que el Congreso de la Unión concedió al duopolio televisivo que domina el mercado no sólo coloca al grupo gobernante ante la resistencia y el rechazo de numerosos sectores políticos, económicos, culturales y sociales del país, sino que abre un nuevo frente internacional de conflicto en las postrimerías del foxismo.
Así como en diciembre pasado los diputados pudieron aprobar "a ciegas" eso argumentan algunos de ellos a modo de disculpa una reforma legal lesiva para la pluralidad, la libertad de expresión y las arcas nacionales; de la misma forma en que la mayor parte de los senadores tiraron a la basura su dignidad y el sentido de su investidura, y ratificaron la aprobación del desfalco y de la concentración de poderes desmesurados en Televisa y Tv Azteca, el presidente Fox puede promulgar en los próximos días es probable que lo haga, habida cuenta de sus antecedentes y de los nexos turbios entre su círculo inmediato y las empresas referidas las modificaciones legales. Un primer indicio en este sentido fue el acuse de recibo extendido por la Secretaría de Gobernación, insólitamente elogioso a los legisladores, tras recibir el proyecto de decreto. Pero incluso si la alianza político-empresarial que ejerce el poder real en el país consigue que la reforma entre en vigor, ello no va a terminar con la creciente oposición al atropello legislativo. Por el contrario, cada vez son más las voces que expresan su rechazo a este más reciente traspaso indebido de propiedad pública el espectro radioeléctrico a manos privadas. Si queda en el país una sociedad civil viva y saludable, lo lógico es esperar que se multipliquen las muestras de repudio y que proliferen las acciones legales contra el atraco.
De poco va a servirles a los senadores del grupo gobernante la eventual aprobación de unas "reformas a las reformas", un mero ejercicio de simulación para hacer menos impresentable la cesión de bienes nacionales al duopolio televisivo y para moderar en algunos términos la aberrante injusticia cometida contra los medios electrónicos de carácter público, cultural, educativo y comunitario. A lo más, esas "reformas paralelas" ponen en evidencia la mala conciencia con que se gestó, pactó y aprobó la alteración principal a las leyes federales de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, pero no lograrán desactivar las objeciones centrales contra el conjunto de disposiciones de carácter oligárquico, excluyente, entreguista y liquidador que el pasado 30 de marzo recibió el respaldo sin argumentos de 80 senadores.
Por su parte, la intervención de la CIDH pone de manifiesto la dimensión del agravio que se comete contra la sociedad, contra la vigencia de los derechos humanos en México y contra las esperanzas de construir un país menos desigual y más diverso, participativo e informado. El desprestigio del grupo en el poder se extiende, así, al ámbito internacional, y se consolida la certeza interna y externa de que este "gobierno del cambio", respaldado en los asuntos cruciales por la alianza de facto entre los legisladores del PRI y los del PAN y en la que participan, en ocasiones como esta, los diputados del PRD, es en realidad el continuador de las políticas de saqueo y depredación iniciadas en el sexenio de Miguel de la Madrid y profundizadas en los de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.