Que feminicidios y desaparición forzada sean delitos graves
Impulsan ONG reformas a los códigos penales de todo el país
Colima, Col., 31 de marzo. Unas 54 organizaciones defensoras de derechos humanos de Colima y el sur de Jalisco empezaron este viernes trabajos para analizar la situación de las garantías individuales de mujeres e indígenas, a fin de impulsar reformas legales que tipifiquen como delitos graves la desaparición forzada de personas y el feminicidio.
En conferencia de prensa, Edgar Cortés Morales, secretario ejecutivo de la red nacional Todos los Derechos para Todos, informó que los trabajos, que concluirán el próximo domingo, buscan promover reformas legales en los códigos penales del país.
Sobre la desaparición forzada de personas, el presidente del comité de derechos humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, dijo que en Guerrero, sede de la organización, este problema se ha convertido en una práctica cotidiana y permanente.
Aunque no se tiene un censo de las personas desaparecidas en esa entidad, Olivares Hernández dijo que se calcula que en el periodo de la llamada guerra sucia fueron más de mil guerrerenses, y de 1990 a la fecha se calcula otras 100 desapariciones.
Resaltó que gracias a la presión que ejercieron en el gobierno de Guerrero las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, se logró que la desaparición forzada de personas se tipificara como delito grave en el Código Penal de la entidad. Hasta ahora, sólo el Código Penal Federal, el de Guerrero y el del Distrito Federal contemplan dicha figura como delito, de modo que una de las demandas de la red nacional es que se incluya en todo el país.
Por su parte, Efraín Naranjo Cortés, presidente del Comité de Derechos Humanos de Colima, anfitrión de la 31 asamblea de la red, dijo que las primeras desapariciones forzadas de personas en el sexenio del presidente Vicente Fox ocurrieron en esta entidad. Relató que el 30 de junio de 2001, un comando armado, presuntamente de la Policía Judicial del estado y de la Agencia Federal de Investigación, levantó a Jesús González Medina y a Alejandro Martínez Dueñas, en la colonia Placetas Estadio, de esta capital.
"Hasta la fecha las autoridades de procuración de justicia no han realizado una investigación a fondo de los hechos, donde están presuntamente involucrados elementos de ambas corporaciones policiacas, mientras que el Poder Judicial ha negado las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables consignados por la Procuraduría General de la República (PGR)". Resaltó que a raíz de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 27 de octubre de 2005, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la PGR firmaron un convenio de colaboración para reiniciar la investigación, pero no ha habido resultados.