Editorial
Francia: gran capital vs. derechos laborales
La tormenta de protestas sociales en Francia, realizadas por estudiantes y sindicatos, por la polémica ley de Contrato de Primer Empleo (CPE), revela en el fondo algo más que una simple inconformidad con una propuesta legislativa. En realidad se trata de una lucha contra la precarización del trabajo, tendencia que ha ido al alza en el mundo entero durante las últimas décadas.
Ayer viernes, el presidente Jacques Chirac anunció la promulgación de la norma CPE diseñada para favorecer el empleo de los jóvenes, según las autoridades con un par de modificaciones: el periodo de prueba de un trabajador ya no será de dos años, sino de uno, y los empleadores tendrán que justificar los despidos en el marco de esta ley, a diferencia del proyecto original, que permitía a las empresas prescindir de un empleado sin dar mayores explicaciones. Sin embargo, la reforma de estos dos puntos, los más criticados por estudiantes, sindicatos y organizaciones y partidos de izquierda, fue insuficiente para calmar los vientos: los opositores al CPE mantuvieron su exigencia de retirar la iniciativa y anunciaron una huelga nacional para el próximo martes, la segunda en una semana.
Para el gobierno francés, las protestas son producto de jóvenes que se oponen al progreso, aunque deja de lado el hecho de que la legislación implica un grave retroceso en materia de derechos laborales. Y es que el CPE forma parte de la tendencia del capitalismo mundial de recortar las protecciones y garantías laborales en beneficio de las empresas, un fenómeno que ha castigado los intereses y salarios, entre otras prestaciones, de la clase trabajadora.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la reorganización del capitalismo internacional ha favorecido a las compañías multinacionales, que actualmente controlan dos tercios del comercio global. Simultáneamente, la parte de los beneficios que se destinan al pago de salarios ha disminuido debido a una mayor flexibilidad del trabajo mediante la contratación temporal, el uso de mano de obra interina, la aplicación de horarios flexibles y la reducción de los costos por despido, lo que conlleva en la práctica la limitación de las protecciones laborales producto de un siglo de lucha social. Asimismo, el trabajo se ha vuelto más precario debido a los contratos de aprendizaje e interinos, los cursos remunerados y los contratos subvencionados, entre otras modalidades de empleo. De esta manera, estas medidas lesivas para los intereses de los trabajadores han derivado en la merma de las remuneraciones en todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la economía más vigorosa del planeta, el salario retribuido por hora de trabajo ha disminuido hasta alcanzar los niveles de hace 50 años. En pocas palabras, el poder del gran capital permite al mercado determinar las leyes laborales.
Pero el debilitamiento de las normas que rigen el mundo laboral ha tenido otros efectos perniciosos, como la reducción del poder de los sindicatos: año con año, el número de trabajadores sindicalizados es menor, dejando a cientos de miles de personas indefensas ante los designios de las grandes empresas. Por otro lado, miles de compañías han aprovechado que muchos países (como China e India) cuentan con mano de obra barata y condiciones laborales limitadas para mudar allá sus operaciones, causando desempleo en las naciones que abandonan y fortaleciendo esquemas laborales favorables al gran capital en las de acogida. Ello, sin mencionar la ofensiva contra jubilaciones y pensiones: requisitos más difíciles de cumplir y la reducción de prestaciones y servicios es una constante en todo el mundo.
En resumen, el trasfondo de las protestas en Francia es la añeja disputa entre el gran capital, que busca abaratar la mano de obra y debilitar a los trabajadores, quienes a su vez luchan por un empleo digno.