En el Senado, unos republicanos apoyan la legalización y otros la rechazan

Invade a la sociedad estadunidense el debate sobre la reforma migratoria

Los principales periódicos sugieren que el presidente Bush defina su postura

DAVID BROOKS CORRESPONSAL

Nueva York, 30 de marzo. El presidente George W. Bush, políticos, medios de comunicación masivos, iglesias, sindicatos, empresarios, organizaciones latinas y de defensa de inmigrantes y, sobre todo, las movilizaciones populares recientes, han convertido el tema migratorio en el principal asunto nacional en Estados Unidos.

En tanto, por segundo día continuó el debate sobre la reforma migratoria en el pleno del Senado, el cual proseguirá hasta finales de la próxima semana.

Hoy, senadores republicanos declararon su apoyo o rechazaron las propuestas para legalizar a migrantes indocumentados y los programas de trabajadores temporales, la parte del debate en que se centra la división fundamental.

En los puntos en que hay consenso -demócratas, organizaciones pro reforma de migración y otras, junto a los conservadores- es en la necesidad de asegurar las fronteras y defender algo llamado "seguridad nacional".

Sin embargo, dentro y fuera del Capitolio, las divisiones y los polos del debate no son entre demócratas y republicanos, liberales contra conservadores o empresarios enfrentados a trabajadores. El tema ha abierto las conversaciones -a veces a gritos, con insultos o en forma irracional- en todos los ámbitos sobre la definición de este país.

Hay voces conservadoras que promueven una amplia reforma laboral, y otras, también conservadoras, que expresan una posición xenofóbica y francamente racista.

Las fisuras no son definidas fácilmente, y en esta pista de baile tan complicada es donde los políticos deben bailar ahora.

Los costos políticos de un error pueden ser considerables y, en gran medida, por las megamarchas y las manifestaciones eso ha quedado bien registrado en los circuitos del poder.

La inmigración no afecta, sanea el tejido social

Hay voces que sorprenden, como las de reconocidos analistas conservadores que expresan su apoyo a una reforma amplia que incluya mecanismos para legalizar a los indocumentados.

El columnista David Brooks (ninguna relación con este reportero), de The New York Times, escribió hoy que los inmigrantes deberían ser bien recibidos por los conservadores. "Los exclusionistas están equivocados cuando dicen que la actual ola de migración está rompiendo nuestro tejido social. Los hechos demuestran que el reciente incremento en inmigración no ha sido acompañado por una descomposición social, sino por un saneamiento social", argumentó.

Además, Brooks pregunta a los conservadores que defienden "la fibra moral" de Estados Unidos: "¿Las amenazas reales provienen de los inmigrantes o es que algunos simplemente están culpándolos de pecados que ya estaban aquí?"

A su vez, el columnista y comentarista conservador George Will también se pronunció en favor de una reforma de fondo. "De hecho -señala-, esto prevendría el surgimiento de una subcultura... de los permanentemente marginados, parecida a los gestos árabes en Francia".

Asimismo, la opinión editorial de los grandes medios de comunicación, como The New York Times, Los Angeles Times y otros, insiste en una reforma integral; éstos han endosado el proyecto a debate en el Senado, y aconsejan que el presidente Bush se defina e invierta su capital político (el poco que posee) en promover esta iniciativa.

Sin embargo, políticos conservadores y algunas de sus organizaciones nacionales mantienen su rechazo a cualquier propuesta de legalización. La consideran injusta, porque "premian" con derechos legales a aquellos que han llegado al país violando la ley.

Representantes antirreforma denunciaron hoy, en conferencia de prensa, las medidas de legalización y de trabajadores huéspedes que se debaten en el Senado. "Que los prisioneros cosechen las frutas", indicó el representante Dana Rohrabacher; otros de sus colegas criticaron a todo político que considere aprobar medidas de legalización. El representante Virgil Goode, de Virginia, en referencia a las movilizaciones populares, dijo: "si tú estás en este país ilegalmente y deseas ondear la bandera mexicana, vete a México y ondea la bandera estadunidense".

Todos consideraron que la legalización es en realidad una "amnistía", y que habría un costo político altísimo para los republicanos si votan por algo parecido al proyecto que está a discusión en el Senado.

Por su parte, la coalición nacional en favor de una reforma integral, que incluye a la Cámara de Comercio, los sindicatos nacionales, la Iglesia católica y otras organizaciones latinas y defensoras de derechos de inmigrantes, ha logrado mantener la unidad en favor del proyecto de ley que está en el Senado.

Cecilia Muñoz, vicepresidenta del Consejo Nacional de la Raza, declaró hoy que el "debate trata esencialmente sobre quiénes somos como país de inmigrantes". Latinos y defensores de migrantes en este país, advirtió, han dejado en claro, con las movilizaciones, que "habrá un precio político si los legisladores optan por una ruta equivocada".

Ahora los políticos deberán navegar en estas corrientes y evitar la olas que pudieran dejarlos perdidos en altamar.

Y no es fácil detectar la opinión pública. Políticos democrátas y republicanos han mostrado encuestas que parecen apoyar sus posiciones. Hoy, el Pew Research Center presentó su sondeo más reciente sobre la opinión nacional acerca de la inmigración y las propuestas de reforma, y dejó en claro la división y hasta la ambivalencia de los estadunidenses.

La encuesta revela que el tema migratorio preocupa cada vez más a los estadunidenses; 52 por ciento opina que los migrantes son un "peso" para la sociedad, porque quitan empleo y vivienda, contra el 44 por ciento que opinaba eso en diciembre de 2005 y 38 por ciento en 2000. También se ha reducido el porcentaje de quienes consideran que los migrantes fortalecen al país, de 50 por ciento en 2000 a sólo 41 puntos hoy.

Además, los estadunidenses también parecen estar divididos por las iniciativas del Congreso para abordar la crisis. Ante la pregunta de qué hacer con los indocumentados, 32 por ciento considera que debería haber un mecanismo para que puedan quedarse en el país permanentemente; 32 por ciento estima que podrían quedarse bajo algún programa temporal, con la condición de irse eventualmente, mientras 27 por ciento señala que debería obligarse a todos los indocumentados a regresar a su país de origen. (Más información sobre esta encuesta, disponible en: http://people-press.org/reports)

A la vez, el debate refleja una profunda reconfiguración del país mediante un proceso de cambios demográficos. Aunque Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes -como afirman una y otra vez los políticos-, el hecho es que en la actualidad hay más de 33 millones de residentes nacidos en el extranjero, el número más alto desde que la oficina encargada de realizar los censos empezó a calcular estas estadísticas en 1850.

En términos proporcionales, la comunidad inmigrante en 2003 representaba 11.7 por ciento de la población, el porcentaje más alto desde 1910.

"Ahora mismo estamos observando, en cierta medida, la respuesta política a la demografía", comentó Roberto Suro a The New York Times.

En juego, el voto latino

Pero, sobre todo, lo que está en juego es la población latina y latinoamericana, la minoría más grande del país y el mayor sector migrante. Algunos republicanos recuerdan que en 2000 Bush logró 40 por ciento del voto de los inmigrantes latinos naturalizados y un margen sin precedente del voto latino total. Varios estrategas de ese partido temen que el debate impacte negativamente en ese logro, y señalan que las concentraciones del voto latino están en varios estados clave para las elecciones nacionales.

"Hay un peligro de que si la cara del Partido Republicano es (el representante antimigrante Tom) Tancredo, podríamos quedar debilitados con los hispanos durante generaciones", advirtió el influyente estratega conservador republicano Grover Norquist a The New York Times.

Así, la batalla política sobre migración ha enfrentado a los republicanos que buscan satisfacer las necesidades del sector privado contra los que pretenden ser defensores de la ley y el orden y sólo buscan cerrar la frontera. Otros se preocupan más por el impacto de los inmigrantes en la "cultura" y la definición social de Estados Unidos.

Es posible que los inmigrantes provoquen una ruptura en la frágil coalición entre los republicanos pro empresariales y los ultraconservadores xenofóbos, y eso podría tener un grave costo político para un partido que hasta ahora ha gozado el monopolio del control político de este país a escala nacional.