Mayoritean priístas para que no se cite al góber precioso
puebla, pue. 30 de marzo. La fracción del Partido Acción Nacional expuso ante la Comisión de Gobernación del Congreso local que sí hubo extralimitación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, ya que tres meses antes de que se detuviera a la periodista por los delitos de difamación y calumnia, la juez quinta de lo penal, Rosa Celia Pérez González, se había declarado incompetente para conocer del asunto, por cuestiones territoriales, ya que consideró que el litigio se debía resolver en Quintana Roo, lugar de residencia de la afectada.
Informó lo anterior el coordinador del PAN en el Congreso Local, Víctor León Castañeda, quien consideró que con esta evidencia queda de manifiesto que sí hubo consigna de la PGJE para dañar a Lydia Cacho.
Este viernes se llevó a cabo una ríspida reunión de la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, que es la encargada de investigar las supuestas irregularidades que se cometieron en el proceso penal que se le siguió a la periodista. Después de más de dos horas y medias de discusión entre los diputados que integran el órgano -cuatro priístas, dos panistas y un perredista-, el único acuerdo a que llegaron fue establecerse como comisión permanente, pero de inmediato entró en receso hasta el próximo jueves 6 de abril.
Víctor León Castañeda explicó: "Sí hay elementos para determinar que de acuerdo con las actuaciones, la PGJE se extralimitó en sus funciones al conocer del asunto, pues existe un acuerdo del 15 de septiembre del juzgado quinto de Puebla, a cargo de la juez Rosa Celia Pérez González; cuando le fue remitida la consignación contra Lydia Cacho emitió una resolución muy importante, en la que determinó que a Puebla no le asiste competencia en razón del territorio".
Dijo que entonces el caso se turnó al Ministerio Público, y éste a su vez decidió que sí era competencia de la juez Pérez González atenderlo y le exigió que consignara la averiguación. "Ya no estamos hablando nada más de presunciones. Ahí quedó manifiesta la relación de Kamel Nacif y el gobernador", recalcó.
"Cuando la defensa de Cacho promovió la vía incidental, una inhibitoria de competencia, prácticamente coincide este planteamiento, y fue cuando el juzgado de defensa social, que conocía del caso, suspendió el procedimiento para remitir las actuaciones al estado de Quintana Roo para que conociera la juez que en derecho corresponde. Es una situación muy evidente, y podemos comprobar que las actuaciones dentro del proceso estaban en contra de la señora Cacho", agregó.
León Castañeda explicó que el procedimiento correcto que debió seguirse es que cuando el empresario Kamel Nacif presentó la denuncia contra Cacho la procuraduría estatal tenía que declararse incompetente y remitirla a Quintana Roo para que se ventilara allá, no en Puebla, como sucedió. "Hay una intención muy clara de dañar a la periodista; la prueba palpable de que es un error es que a final de cuentas, cuando se promueve la inhibitoria de competencia, aceptan para que se vaya al estado de Quintana Roo", concluyó el panista.
Por su parte, el diputado local Rodolfo Huerta Espinoza, del Partido de la Revolución Democrática, informó que las propuestas que presentó a los integrantes de la Comisión de Gobernación fueron citar a comparecer ante este poder a los implicados directos en el caso, es decir, al gobernador Mario Marín Torres y a la periodista Lydia Cacho, así como la urgencia de un plan de trabajo. Sin embargo, la primera petición fue rechazada por la mayoría priísta.
"La mesa de discusión se convierte en una gran mesa con una red en medio y una bola de pimpón, con cuatro jugando en un lado, los priístas, y tres en la oposición. Hoy estamos en receso y no hemos avanzado, esa es la verdad (...) Porque están protegiendo al gobernador con pilares de mezclilla", puntualizó el perredista.
La Jornada de Oriente