Pide el Congreso investigar a 130 personas, entre ellas dos ex ministros y 19 diputados
Informe exime de responsabilidad a Lula en escándalo de pago de sobornos a legisladores
Brasilia, 29 de marzo. El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, fue eximido de responsabilidad en el escándalo de pago de sobornos a legisladores aliados del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al darse a conocer este miércoles el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del caso.
La comisión, que confirmó la existencia de un esquema de corrupción, pidió al ministerio público denunciar a unas 130 personas implicadas, entre las que destacan dos ex ministros del gobierno de Lula, tres ex líderes del PT, un dirigente de la oposición de derecha y 19 diputados federales.
El informe, de mil 800 páginas, no acusa al presidente Lula de responsabilidad, pero sostiene que sí se enteró de la irregularidad al recibir una denuncia del ex diputado Roberto Jefferson, antes de que éste hiciera estallar el escándalo, al denunciar que el PT pagaba sobornos regulares a un centenar de diputados.
"No incide aquí responsabilidad objetiva del máximo jefe de la nación, sencillamente por ocupar el puesto más elevado de la estructura del Poder Ejecutivo", pues no hay tampoco evidencia de negligencia, se asienta en el documento de la comisión, creada el 25 de mayo del año pasado.
"En lo que se refiere a responsabilidad subjetiva -añade-, no parece que hubiese dificultad para que pudiera intuir la anormalidad mediante la cual se iba construyendo la mayoría parlamentaria" en torno del PT de Lula.
Sin embargo, entre los principales acusados destaca el ex jefe de gabinete José Dirceu, quien era considerado "hombre fuerte" de Lula y fue desaforado por sus pares en diciembre último, acusado de haber comandado el esquema de corrupción.
Asimismo, aparecen entre los acusados el ex ministro jefe de la Secretaría de Comunicación de Gobierno Luiz Gushiken y tres de los antiguos dirigentes del PT, el ex presidente José Genoino, el ex secretario general Silvio Pereira y el ex tesorero Delubio Soares.
Gushiken, actual jefe del Núcleo de Asuntos Estratégicos del gobierno y quien ha perdido estatus ministerial, expresó su "repudio" al informe leído por el relator Osmar Serraglio, del que afirmó que al mencionar "actos de mi gestión" hizo "un juicio enteramente injusto, desproporcionado y sin fundamento jurídico".
En la lista se incluye al ex presidente del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña Eduardo Azeredo, quien el año pasado renunció a su cargo al revelarse que había sido uno de los beneficiarios con dinero durante la campaña electoral en Minas Gerais.
Un hijo de Lula de nombre Fabio Lula da Silva, que no aparece en el documento, de todos modos es incluido en la solicitud al ministerio público para investigar los contratos de su empresa de juegos Game Corp, que recibió inversiones millonarias del holding brasileño de telecomunicaciones Telemar.
Un total de 19 diputados fueron identificados entre los beneficiarios del esquema de corrupción, además de varios directores de bancos y paraestatales, que habrían facilitado el desvío de millones de dólares, parte de ellos mediante las cuentas del publicista Marcos Valerio, principal financista del oficialista PT.
Las acusaciones provocaron en su momento un terremoto político en Brasil, que obligó a la renuncia de Dirceu, de Gushiken, de la plana mayor del PT y el despido o dimisión de decenas de funcionarios de empresas públicas.
El escándalo alcanzó también al presidente Lula, quien perdió popularidad en sus aspiraciones para la relección presidencial, aunque la recuperó según sondeos.
Pero además otras denuncias respecto de financiamiento ilegal al gobernante PT, esta vez antes de llegar al poder en 2003, alcanzaron también al ministro de Hacienda Antonio Palocci, quien el lunes último presentó su dimisión.
El informe final de la CPI será estudiado por los integrantes de la comisión bicameral de 24 legisladores, que esperan votarlo la próxima semana. De ser aprobado, entonces el documento será sometido al pleno del Congreso.
El presidente de la CPI, Ricardo Amaral, del PT, advirtió que si los parlamentarios no se ponen de acuerdo para votar el informe final podría crecer la sensación de "impunidad".