Las reformas y el blindaje del poder
La aprobación fast track de la minuta de reformas a la leyes de radio, televisión y telecomunicaciones por las comisiones respectivas indigna pero no sorprende. Incluso los opositores más firmes ya habían anunciado que esa decisión estaba tomada; que el acuerdo entre los poderosos dueños de los medios y los capos de los grupos parlamentarios venía de lejos. Ahora se alegan, a modo de explicación, torpes compromisos electorales o compra de voluntades, pero lo cierto es que más allá de la coyuntura estamos ante un nuevo capítulo de la subordinación del interés general a los intereses particulares.
La transición democrática se produjo en medio de una serie de claudicaciones del Estado para complacer a los que se creían nuevos sujetos de la historia: los prohombres del capital. No solamente se combatió el burocratismo, los excesos del estatismo galopante creado por el régimen de la "revolución institucionalizada", sino que tal "adelgazamiento" se produjo cediendo a los privados capacidad de decisión y espacios que estaba reservados al Estado. En el afán de imitación que siempre ha caracterizado a la derecha nacional, se impusieron recetas aplicadas en otras realidades para asegurarse el paso definitivo a la "modernidad", cuyas luces seguimos esperando. Gracias al provincianismo de nuestros líderes políticos y empresariales se forjó un culto al mercado cuando ya éste declinaba en sus fuentes originales. Así pues, en los círculos de poder (cada vez más) oligárquicos, el paso a la democracia se concibió, entonces, como la expresión política del reino de la libertad de empresa y nada más.
Ahora, en el caso de las reformas a las leyes en disputa legislativa, el gobierno esconde la cabeza: no está en la discusión, en espera del nuevo "decretazo", ahora legislativo. Calla y otorga o, mejor, habla por los senadores que también operan en la cámara los intereses monopólicos de las empresas que ya dominan, sin contrapesos viables, un campo de interés estratégico para el futuro. ¿Y qué decir de los diputados que aprueban sin ver una iniciativa hecha a la medida de dichos intereses? ¿Acaso representan a la nación como es su deber, cometiendo tales errores? ¿Cómo explicarle a los electores la falta de cuidado, la irresponsabilidad para votar a favor un dictamen que no han estudiado a fondo?
La primera manifestación de autoritarismo es la sordera política. Cuando no se escuchan otras voces más que la propia, cuando por sistema se rechazan las críticas para proteger determinados intereses. Cuidado. Durante décadas asistimos a esa especie de diálogo de sordos establecido por "las mayorías". En la Cámara de Diputados la minoría se cansaba de dar argumentos sobre cualquier tema, pero la mayoría, en silencio, tan sólo le daba el derecho al pataleo, es decir, el desprecio acompañado de una votación mecánica y aplastante que pisotea el derecho a que las críticas sean tomadas en consideración.
Algo de eso hay en la actitud de los grupos parlamentarios aliados para sacar adelante las reformas. Eso hacen a una panistas y priístas, aliados objetivamente en las cuestiones esenciales. Sencillamente les importa un bledo la oposición de importantes especialistas, la indignación de ciudadanos que ven cómo paso a paso la esperanza democrática se convierte en un negocio electoral y los partidos en agencias de venta de anuncios en los medios. Afortunadamente, entre los legisladores hay algunos que han salvado la dignidad, como Javier Corral y otros que ya han votado en contra, pese a enormes presiones.
Queda la plenaria para decidir. No se esperan sorpresas. El gobierno del cambio y los poderes que representa están decididos a blindar sus intereses ante la eventualidad de la entrada de un gobierno que, en principio, no los represente. La preocupación por el "populismo" es, en última instancia, un exorcismo contra la más leve amenaza al orden de cosas que los mima y protege. Durante años se mantuvieron a la sombra del poder; hoy, en cambio, ponen la legalidad a su servicio. Y, al hacerlo, demuestran su pequeñez democrática, su falta de compromiso real con la construcción de un país menos injusto y desigual.