Inconformidad del Poder Judicial por la autoadjudicación de una pensión vitalicia
Urgente, restructurar el Consejo de la Judicatura Federal y auditar finanzas
Una medida inicial sería destituir a todos los consejeros, opinan fuentes judiciales
Ante la falta de eficacia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para cubrir las plazas de jueces y magistrados federales que se requieren, el excesivo burocratismo y la inconformidad generada en el Poder Judicial de la Federación por la decisión de los consejeros de ''autoasignarse'' una pensión vitalicia y su respectivo ''bono de marcha'', se hace urgente la necesidad de que el próximo presidente de la República promueva una reforma que restructure la integración de ese órgano colegiado, así como una auditoría completa de sus finanzas.
Una medida inicial, añadieron fuentes judiciales de primer nivel, sería destituir a todos los consejeros -los externos nombrados por Vicente Fox, María Luisa Herrera Tello, y por el Senado, Constancio Carrasco y Miguel A. Quiroz Pérez dejan su cargo en 2009-, y que se nombre a ministros, que serían propuestos por el Presidente de la República y electos por mayoría calificada del Senado.
Estos ministros, explicaron, estarían un tiempo cumpliendo labores administrativas y después se integrarían a las tareas jurisdiccionales en la Suprema Corte, ocupando el lugar de los ministros que cumplieron su encargo de 15 años. La ventaja, añadieron, es que se podría esperar que la elección de los futuros ministros-consejeros fuera más exigente, además de que se terminaría de una vez con el estigma de los consejeros que siempre han querido que se les vea igual que a los ministros.
No es casual que cuando comenzó sus funciones el consejo en 1995, una de las primeras acciones a las que se dedicaron los consejeros fue la de homologar sueldo y prestaciones con los ministros. Ultimamente consiguieron, con la venia del ministro presidente de la Corte y del CJF, Mariano Azuela, la aprobación de una pensión vitalicia de al menos 180 mil pesos mensuales (los dos primeros años y después 80 por ciento de esta cantidad) y un ''bono de marcha'' de 8 millones de pesos, después de cinco años de ocupar el cargo.
Los funcionarios consultados agregaron que por las críticas de jueces, magistrados y algunos ministros por la forma de actuar de los consejeros -principalmente los externos, como María Luisa Herrera Tello, ex consejera jurídica de Vicente Fox, y Constancio Carrasco-, el próximo presidente de la Suprema Corte -que sustituirá a Mariano Azuela a partir del primero de enero de 2007- tendrá que ordenar una auditoría completa sobre el manejo de recursos del CJF en los pasados tres años.
Particularmente, indicaron, en lo que toca a la revisión de los contratos para la construcción de juzgados y tribunales, renta de inmuebles y adquisición de equipo de papelería y mobiliario que se compra en muy grandes cantidades.
Además, explicaron los funcionarios judiciales, la restructuración del consejo permitiría también terminar con el crecimiento desmedido de la burocracia de mandos medios y superiores que ha tenido lugar durante la administración de Mariano Azuela Güitrón.
Subrayaron los informantes que resulta inaceptable que en los últimos cuatro años el CJF se haya convertido en la instancia del gobierno federal que tiene más puestos de mandos medios y superiores 50 por ciento por encima de la media de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Pero además, que los magistrados de circuito, que forman constitucionalmente la cúspide de la carrera judicial, ocupen sólo el sexto nivel de jerarquía (en cuanto a sueldo y prestaciones) en el CJF, por debajo de funcionarios designados discrecionalmente o con el aval exclusivo del presidente del consejo y de los propios consejeros, con salarios mensuales de más de 120 mil pesos.
En estos cuatro años de la administración de Azuela, indicaron, la ciudadanía sigue convencida de que la impartición de justicia no está a la altura de las necesidades del país, lo que queda en evidencia con la habilitación de 675 secretarios en funciones de jueces y magistrados, la imposibilidad de cubrir 49 plazas de jueces de distrito y 40 vacantes de magistrados de circuito que son parte de los pendientes que deben resolverse con una reforma integral, aseguraron.