Más de 40 ONG denuncian que autoridades estatales protegen al responsable
Llevarán ante la ONU el caso de un menor vejado y asesinado en Coahuila
La mayoría de las entidades del país carecen de una ley de protección de niños y adolescentes
Al gobierno federal lo único que le preocupa es hacer las maletas: Gerardo Sauri
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Por lo menos 40 ONG impulsarán ante la ONU que se exija internacionalmente a México investigar los casos de pederastia. En la imagen, operativo realizado en el hotel Hispano, en la calle de Corregidora, en enero de 2005
Foto: Jesús Villaseca
La Red por los Derechos de la Infancia, que agrupa por lo menos a 40 organizaciones no gubernamentales del país, presentará ante la comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se encarga de velar por las garantías de los niños, el caso del sujeto que abusó y asesinó a un menor en Coahuila, hace siete años, y que fue protegido por las autoridades estatales.
Junto con este asunto insistirán en la necesidad de que el organismo internacional exija al gobierno mexicano que investigue y sancione la red de explotación sexual infantil en Puebla y Quintana Roo, sobre todo en Cancún.
En entrevista, el director de la red, Gerardo Sauri, denunció que la mayoría de los estados, entre ellos Coahuila, carece de una ley de protección de derechos de los niños y adolescentes. Las ONG, abundó, hemos denunciado que 22 entidades tienen graves problemas de comercialización sexual de menores y no hay investigaciones policiacas, sociológicas o antropológicas al respecto.
El caso del niño Carlos Muñoz
El abuso y asesinato del niño Carlos Muñoz, denunciado por La Jornada, refleja -afirmó- que "los gobiernos siguen protegiendo los intereses de particulares. Kamel Nacif, el industrial textilero denunciado por la periodista Lydia Cacho, es el ejemplo inmediato".
Ante el Comité por los Derechos del Niño de la ONU, con el cual se reunieron algunos representes de la red a finales de enero pasado, dijo que expresaron su preocupación porque estados y municipios mexicanos "siguen sin considerar que los tratados internacionales suscritos por el gobierno en esta materia también son su compromiso", pero tampoco respetan el artículo cuarto constitucional, en el que se reconocen dichas garantías y otras leyes federales en favor de infantes y adolescentes.
Luchan por crear marcos jurídicos que protejan a los menores
Nuestra lucha, abundó, es porque gobernadores y congresos estatales establezcan marcos jurídicos para fortalecer esta defensa. Que no continúen casos como los de Coahuila, en donde el presunto asesino del infante de 12 años, Enrique Busquets Casanova, permanece impune, porque dos gobernadores -Rogelio Montemayor Seguy y Enrique Martínez y Martínez-, así como dos procuradores estatales de Justicia, agentes del Ministerio Público y jefes policiacos, se encargaron de mantenerlo así durante cinco años.
Por ejemplo, cuestionó que las procuradurías para la Defensa del Menor y la Familia, a cargo de los sistemas estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no tengan independencia y, por tanto, capacidad de presentar denuncias penales. "Las autoridades estatales no pueden ser juez y parte", insistió.
Respecto de Coahuila, Gerardo Sauri dijo que las instancias judiciales "no funcionan. Menos cuando se trata de los derechos de los niños. Se les coloca en último lugar, mientras los organismos que podrían velar por ello no actúan contra su propio gobierno, que regularmente ejerce presiones para favorecer a pederastas", como ocurrió en el caso de Enrique Busquets Casanova.
El 23 de mayo próximo se reunirá el comité de la ONU para resolver lo referente a México en materia de derechos fundamentales para la infancia. La red le pide que recomiende al Estado crear las defensorías pertinentes para ello, con autonomía y presupuesto propio, sobre todo a escalas estatales y municipales. Nosotros, recordó el director ejecutivo del organismo, ya expusimos los resultados de la investigación de Lydia Cacho, y como tenemos oportunidad de hacerle llegar más información, expondremos la red vinculada en torno a la explotación sexual comercial de niños y niñas en Puebla, así como el caso de Carlos Muñoz. "Esperamos que esta vez el gobierno trate de rebasar las líneas de simulación".
Los casos que México reporta, continuó Sauri, son graves, y lo peor es que hay una falta de responsabilidad gubernamental al respecto. "Están más preocupados en hacer maletas (porque se acerca el fin del actual sexenio) que en fortalecer la ley o tomar decisiones o políticas públicas más contundentes".