Criterio usado en el caso de Nazar Haro beneficiaría a mayores de 70 años
Abrió juez puerta para que Echeverría no vaya a prisión
Un juez federal de la ciudad de México abrió la puerta para que cualquier persona consignada por la Procuraduría General de la República (PGR), mayor de 70 años y que goce del beneficio de la prisión preventiva domiciliaria establecido en el artículo 55 del Código Penal Federal (CPF), no sea aprehendida e internada en algún centro penitenciario, sino que rinda su declaración preparatoria en su domicilio particular, y desde ahí espere a que se resuelva su situación jurídica en un plazo de 72 a 144 horas.
Juan José Olvera López, titular del juzgado 12 de distrito, con sede en el Reclusorio Oriente, fijó ese criterio en el caso de la orden de aprehensión librada contra Miguel Nazar Haro, ex titular de la disuelta Dirección Federal de Seguridad (DFS), a quien la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado responsabilizó de la desaparición forzada de seis miembros de la Brigada Campesina de los Lacandones, que fueron secuestrados en 1974.
De acuerdo con fuentes judiciales, la determinación de Olvera López puede beneficiar, entre otros, al ex presidente Luis Echeverría Alvarez, en caso de que la PGR obtuviera una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en la matanza del 2 de octubre de 1968, o en la desaparición forzada del ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional Héctor Jaramillo Chávez.
De hecho, si este año se emite la orden de captura contra Echeverría, sus abogados defensores pueden alegar al juzgador que el artículo 55 del CPF permite al inculpado rendir su declaración preparatoria y esperar en su casa que se le dicte auto de libertad o de formal prisión.
En el caso de Nazar Haro, sus defensores demostraron al juez Olvera que por el precario estado de salud de su cliente, así como por su edad (82 años) avanzada, su vida corría peligro si se le ingresaba al Reclusorio Oriente.
Echeverría Alvarez se encuentra en igualdad de circunstancias, pues rebasa los 80 años y su salud es delicada. A finales del año pasado fue hospitalizado en dos ocasiones por padecimientos respiratorios y digestivos. El criterio del juzgador quedó asentado luego de que aceptó los argumentos de los abogados de Nazar. Como no existían antecedentes jurídicos -en 2004 se reformó el artículo 55 del CPF-, dudó durante varias semanas si aceptaba cumplimentar la orden de aprehensión contra Nazar en su domicilio.
En diciembre pasado, Olvera optó por acudir a la casa del ex director de la DFS para tomar su declaración preparatoria, y en seis días determinó dejarlo sujeto a proceso penal, el cuarto que enfrenta por delitos ocurridos durante la guerra sucia.
El caso de los seis campesinos lacandones empezó el 16 de noviembre de 1974 en San Andrés Actopan, Hidalgo. Ese día fueron privados de su libertad Andrés Gómez Balanzar, Daniel Tapia Pérez, Eduardo Candelario Villaburo Ibarra, Francisco Javier Coutiño Gordillo, Bartolomé Pérez Hernández y Sebastián Vázquez, durante un operativo a cargo de Tomás Moncada, entonces comandante de la Policía Judicial del estado.
Fueron detenidos por sus "actividades clandestinas"; el entonces procurador general de Justicia de esa entidad, Alejandro Straffon, los entregó, mediante un oficio que supuestamente lleva su firma, a Miguel Nazar Haro. Hasta el momento se desconoce el paradero de los seis.