Pasa por encima de acuerdos suscritos por México
Critica ONU a Fox por impulsar reformas a la ley de radio y tv
La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó a la administración del presidente Vicente Fox por impulsar reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, por encima de acuerdos internacionales suscritos por el Estado mexicano y desoyendo recomendaciones de mecanismos mundiales de protección a derechos.
Mediante un comunicado, le recuerda que el gobierno se comprometió a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los medios de comunicación, ''evitando las prácticas monopólicas en el uso del espectro electromagnético'', además de recibir el exhorto para que brinde espacios a las estaciones de radio y de televisión comunitarias e independientes. Ante esos olvidos, la oficina de la ONU puso a disposición del Congreso de la Unión sus servicios de asesoría y cooperación técnica en materia de derechos humanos.
Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) consideró que establecer vínculos ''cada vez más estrechos entre la actividad gubernativa, los poderes financieros y la información'' podría ocasionar ''peligrosos efectos'' para el sistema democrático mexicano. El organismo católico lamentó que los legisladores impulsaran la minuta sin tomar en cuenta al resto de la sociedad. ''La información es un instrumento de participación democrática'', les recordó. Esta, como todas las leyes, ''nos atañen a todos''.
En tanto, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le recordó al gobierno mexicano que tiene varios compromisos internacionales en la materia. Citó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde el Estado mexicano asumió ''respetar y garantizar el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras'', y a ''no restringir el derecho a la libertad de expresión por vías o medios indirectos''.
Sumó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde México se comprometió a que ''las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos''. Señaló que el relator especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas recomendó al gobierno de México, tras su visita oficial al país, en junio de 2003, que deberá legislarse para permitir el libre acceso de estas comunidades y pueblos a las ondas de radio, televisión y otros espacios mediáticos, ''otorgando los permisos correspondientes sin cortapisas y modificando la legislación en caso necesario''.
Le mencionó que el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, realizado ese mismo año, sugirió ''establecer que la autoridad encargada de otorgar permisos y concesiones sea un órgano público y autónomo que otorgue las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión'', además de evitar las prácticas monopólicas y garantizar espacios para las estaciones de radio y televisión, tanto comunitarias como independientes.
Estos compromisos internacionales del Estado mexicano también se los recordó mediante una carta a los senadores, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.