El Correo Ilustrado
Pide la ANAD a Fox apegarse a la legalidad
Señora directora: El panorama político se oscurece en México. De manera creciente vienen ocurriendo hechos que preocupan a toda la sociedad. El Presidente de la República, aprovechándose de su investidura y de los recursos públicos, cotidianamente interviene en el proceso electoral y "sin decir el nombre" ataca y desacredita a los candidatos de los partidos diversos al suyo, fundamentalmente a Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que de la manera más burda vuelca el presupuesto público en materia informativa en una abierta campaña a favor del candidato oficial panista, con el eslogan de "continuar por el mismo camino". De esta forma, asume una postura ilegal y de manera irresponsable pone en grave peligro la vigencia del estado de derecho en la contienda política más trascendental del sexenio. En efecto, resulta totalmente ilegal e incluso delictiva esta conducta de Vicente Fox, ya que nuestra Constitución Política prohíbe cualquier tipo de intervención de las autoridades del Estado en el proceso electoral, con mayor razón la del Presidente, en quien "se deposita el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión" (artículo 80).
El artículo 41 establece que en todo proceso electoral sólo podrán intervenir: los ciudadanos, los partidos políticos y el Instituto Federal Electoral (IFE). Ello es así para que prevalezca la garantía de legalidad, y para que las elecciones sean libres y auténticas sólo el IFE debe garantizar su legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad, sin la intromisión de los poderes del Estado.
Durante el proceso electoral los tres poderes de la Unión deben desempeñar exclusivamente sus funciones definidas en la ley suprema y las leyes que de ella emanan, empezando por el Presidente, quien "debe guardar y hacer guardar la Constitución", pues para el caso de que no lo hiciera "la nación se lo debe demandar", de acuerdo con el artículo 87 de la Carta Magna.
Romper o debilitar el estado de derecho en una contienda electoral presidencial atenta contra el avance democrático que tantas vidas y sacrificios ha costado al país y representa una grave traición a nuestro pueblo, máxime cuando se realiza desde la institución presidencial, que con su ejemplo alienta a otros a esas mismas acciones ilegales, como ya ha sucedido con los partidos políticos que han utilizado el Congreso de manera facciosa para sus fines electorales, muy distintos a su función legislativa.
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) demanda al Presidente hacer guardar la legalidad; por lo tanto, con respeto le exigimos que se abstenga de atacar a determinado candidato y de favorecer a otro, aun "sin decir nombres", para que ponga el ejemplo de respeto a la legalidad y para que reserve su alta investidura para las funciones que le confiere la ley suprema. De lo contrario será la ciudadanía, en el libre ejercicio de sus derechos de expresión y manifestación, quien se lo reclame y lo juzgue.
Por la ANAD: José Luis Contreras (presidente), Lauro J. Sol, Francisco Ramírez, Oscar Alzaga, María Luisa Campos, Adela Salazar, José Luis Romero, Jhonatan Jardines, Edith Ramírez, Raymundo Patiño, Felipe Landero, Karla Micheel Salas y 40 firmas más
Deslinde del IFE-DF
Señora directora: En relación con la nota publicada el viernes 24 sobre el caso Romero Deschamps (página 6) , me permito hacer a usted la siguiente aclaración:
La información vertida por el reportero Alfredo Méndez Ortiz es correcta, salvo por el hecho de que el trámite que se realizó el 25 de noviembre de 2005 y la posterior entrega de la credencial para votar el 19 de diciembre no se realizaron en un módulo del IFE en el Distrito Federal, sino en el estado de Hidalgo, donde manifiesta su último domicilio.
Esta aclaración es pertinente toda vez que de acuerdo con la normatividad, los módulos del IFE sólo pueden atender a los ciudadanos con domicilio en la entidad de origen, por lo que ningún módulo en el DF pudo realizar dicho trámite. Por lo anterior, solicito a usted atentamente considerar esta precisión, con la finalidad de que la opinión pública y aquellos interesados en dar seguimiento a este caso tengan la información correcta.
Atentamente.
Ignacio Ruelas Olvera, vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE en el DF
Precisiones de activista
Señora directora: En la entrevista concedida a los medios el 22 de marzo (publicada el día 23, página 47), después de una plática con el secretario de Gobierno de Guerrero, licenciado Armando Chavarría Barrera, señalé que esa reunión había tenido como fin expresar nuestra preocupación con referencia a la situación de los campesinos ecologistas en Guerrero.
Con respecto a La Parota, subrayé que no podemos exigir la cancelación total del proyecto, sino su suspensión hasta que se garantice el derecho de la población afectada a la información y a su libre y decidida participación.
No dije en ningún momento que el señor Felipe Arreaga esté siendo investigado y que se le sigan "fabricando delitos que no cometió". Expresé nuestra preocupación por su seguridad, pues fue amenazado al salir de la cárcel. Insisto: no dije que el gobierno estatal lo esté investigando.
Por otro lado, sí pensamos que el gobierno debe garantizar la seguridad de los defensores del medio ambiente. Expresé además nuestra preocupación porque aún sigan vigentes 13 órdenes de aprehensión, a pesar de que en el proceso hecho a Felipe Arreaga se probara que la acusación era falsa y que había habido coacción de testigos.
Agradeceré que hagan esta corrección.
Teresa Avila, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Aclaración de ANUIES
Señora directora: En la edición del 24 de marzo (página 55) se publica una nota en la que se hace referencia al número de instituciones de educación superior existentes en el país, en la que se afirma que las cifras oficiales manejadas por la SEP y la Presidencia, en los informes anuales, no corresponden con las que maneja la ANUIES.
Al respecto, me permito informar a sus lectores que hasta el año 2005 existían 464 instituciones públicas de educación superior y 995 privadas, lo que hace un total de mil 459 instituciones de educación superior en el país. La supuesta disparidad entre las cifras incluidas en el Informe presidencial y los datos de ANUIES se debe a que el Informe, en uno de los rubros, desglosa el número de escuelas con que cuenta cada una de las instituciones de educación superior.
Atentamente.
David Torres Mejía, director general de Comunicación Social, Secretaría de Educación Pública
INVITACION
Protesta contra el muro
Convocamos a una concentración de protesta pacífica frente a la embajada de Estados Unidos el domingo 26 de marzo a las 16 horas en repudio a la iniciativa de ley Sensenbrenner, actualmente en discusión en el Senado de ese país. Dicha iniciativa prevé la construcción de un muro de mil 200 kilómetros en la frontera México-Estados Unidos y la intensificación de las medidas antimigrantes.
Llamamos a la sociedad civil, organizaciones, colectivos y a todos quienes quieran manifestarse, a participar en esta protesta que será simultánea con la manifestación en Los Angeles, California.
Colectivo Contra el Muro.