José Steinsleger/II y última

El camino hacia el terrorismo de Estado

Para desalentar a los latifundios improductivos, el efímero gobierno camporista ensayó un tímido proyecto de regulación impositiva. La apertura hacia los mercados, y el intento de renacionalización de los bancos nacionales en manos de grupos financieros estadunidenses y españoles quedó a mitad de camino.

En el intento de frenar el intenso avance monopólico que Argentina había experimentado de 1955 a 1973, Juan Domingo Perón estaba convencido de que su liderazgo era suficiente para reciclar el exitoso juego centrista de otras épocas. El Pacto Social, endeble mecanismo de alianzas entre la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación General Económica, la cúpula militar y la conducción oficial del radicalismo, reveló muy pronto su anacronismo.

El problema no sólo radicaba en el poder de las emblemáticas "200 familias" de la pampa húmeda, sino también en la CGT, única central obrera que entonces contaba con 6 millones de trabajadores de los cuales cerca de la mitad estaban formalmente afiliados a sindicatos por rama de producción.

Burocratizados, los dirigentes de alto nivel venían recibiendo cursos de "sindicalismo libre" en Estados Unidos. A finales del decenio 1960, milagrosamente, cesó el resentimiento yanqui contra la "identidad peronista" de la mafia sindical. Los burócratas ya no eran "totalitarios". Eran "democráticos".

La política sindical de la burocracia anhelaba la conversión del peronismo en un partido laborista entendido con el imperialismo. Empero a comienzos de 1970, dirigentes que parecían leales a Perón mas bajo cuerda le disputaban la conducción del movimiento o se entendían con la embajada de Estados Unidos, murieron ejecutados por la guerrilla. Paradójicamente, cuando en septiembre de 1973 el secretario general de la CGT, José Rucci, murió víctima de un atentado, Perón declaró en el funeral: "Me cortaron las patas".

Por otro lado, la burguesía nacional era débil, vacilante frente a los monopolios y terratenientes, y totalmente incapaz de representar a los pequeños y medianos productores. La clase media urbana y rural, los empresarios y comerciantes empobrecidos vieron que sus expectativas económicas se frustraban ante la cerrazón de los dueños de la tierra y socios del capital imperialista.

En 20 meses de desgobierno, Isabel Martínez hizo jurar a 36 ministros que desfilaron por ocho ministerios Sólo en economía, seis titulares. El funesto Celestino Rodrigo entre ellos. El rodrigazo del 4 de junio de 1975 reventó el Pacto Social en mil pedazos: 100 por ciento de devaluación; dólares que costaban 160 y 230 por ciento más; 180 por ciento en las tarifas eléctricas; 75 a 150 por ciento en las de transporte público, liberación de todos los precios del mercado. De 1974 a 1975 la inflación saltó de 40 a 335 por ciento.

Lucha guerrillera, fabril y contrainsurgente

A efectos del análisis, resulta imprescindible señalar que la clase obrera argentina tuvo dos historias políticas: antes y después del peronismo (1945). Movimiento de masas, nacionalista y popular, los 10 años del primer gobierno de Perón habían unificado al proletariado industrial detrás de una política reivindicativa propia, y de una línea popular antimperialista.

Si aquel proceso transcurrió sin demasiado costo, los años que transcurrieron con posterioridad a la restauración oligárquica de 1955 obligaron al proletariado peronista a enfrentar la intervención de sus gremios, en defensa de sus conquistas y, no menos importante, su proscrita identidad política.

En 1973, los líderes políticos y sindicales peronistas ("verticalistas"), entendieron que con el retorno del peronismo al poder se ponía fin a 18 años de luchas. El conjunto de la clase obrera peronista y no peronista entendió otra cosa: un gobierno de corte popular representaba la posibilidad de buscar representantes genuinos y avanzar en sus luchas con vocación de poder.

Por otro lado, jóvenes guerrilleros de diversa identidad política y de clase que habían ganado fuerte respaldo popular en la lucha contra la dictadura, lo fueron perdiendo progresivamente en el complejo periodo que comentamos. Y no por ausencia de heroísmo, o ausencia de espectacularidad de algunas operaciones militares celebradas por la gente de a pie. V.gr., la ejecución del comisario general Alberto Villar, hombre clave de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), y salvaje torturador de la Policía Federal.

Entre las principales organizaciones político-militares destacaron Montoneros (peronistas) y Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP (guevaristas). Los montoneros apoyaron a Cámpora pero después de la muerte de Perón le declararon la guerra a la viuda. El ERP no atacó al camporismo y se mantuvo críticamente distante.

Lo cierto es que a un mes de la muerte de Perón, el ejército desencadenó la represión indiscriminada en las provincias de Tucumán y Catamarca. En tanto, la triple A, dirigida por López Rega, anunciaba "los 100 días con permiso para matar".

Centenares de dirigentes políticos, sindicales de base, barriales, estudiantiles, intelectuales, delegados de fábrica, académicos insignes fueron asesinados por la triple A. Procesos judiciales viciados de nulidad por el uso rutinario de la tortura, encarcelaron a miles de personas.

El rodrigazo llevó a una escalada de huelgas por fábrica y por sector que abarcó a obreros industriales y empleados públicos, privados, judiciales y maestros. Ante la falta de respuesta de la dirigencia política tradicional (a la que los asesinatos y la tortura les repugnaba menos que la cuchilla "ilegal" de los verdugos), el rodrigazo recibió una contundente respuesta: 100 mil personas que el 27 de junio de 1975 pidieron la cabeza del ministro y de José López Rega.

Rebasada por sus bases, la CGT se vio obligada a declarar una huelga general de 48 horas. El enlace de lucha obrera, solidaridad popular y accionar militar guerrillero tuvo su punto más alto en la huelga metalúrgica de Villa Constitución, ciudad situada al norte de Buenos Aires, en el centro de una franja de alta concentración industrial: 62 días de huelga. El 19 de julio de 1975 "el brujo" homicida se fugó del país con su hija, yerno y varios jefes de la triple A.

Políticos en pánico empezaron a circular por los cuarteles. Siempre vigilantes a la "libertad de expresión", los medios de comunicación mercenarios de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acompañaron la idea del golpe y minaron el escaso poder que le restaba a la presidenta. El "liberal de izquierda" Jacobo Timerman, director de La Opinión, era uno de los más entusiastas. En 1977, Timerman fue secuestrado y severamente torturado por "judío" y "pro bolchevique".

El 27 de agosto de 1975, el hombre que luego del golpe comunistas y socialistas consideraron "moderado", Jorge Luis Borges "caballero" y a Ernesto Sábato había causado "excelente impresión", se hizo cargo del ejército. Dos meses después, el general Jorge Rafael Videla declaró: "Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país" (Montevideo, 23 de octubre de 1975).

López Rega, hombre de la CIA, había pronosticado: "En Argentina no vamos a necesitar un millón de muertos como en Indonesia, porque con 10 mil se resuelve el problema". Las cuatro juntas militares que asolaron el país (1976-1983) "desaparecieron" o asesinaron a 30 mil argentinos.

Colofón

Ni los ejecutores directos de la "limpieza" de la "subversión" y de la fragmentación del movimiento de masas más importante de América Latina, ni los sectores que los dejaron hacer, podían sospechar que el "proceso de reconstrucción nacional" de Videla y sus secuaces, naufragaría en una catástrofe económica, política y social no conocida en Argentina desde las guerras civiles del siglo XIX.

En la noche del 23 de marzo de 1976, los golpistas arrestaron a Isabel Martínez y la enviaron a una residencia en el sur del país. Allí pasó los siguientes cinco años.