Botín electoral
Pues sí, ciudadanas y ciudadanos, denigrados por el dinero y el poder en México: luego de cinco años de discusiones y debates, de consultas y cabildeos, aparentemente todo está listo para que el próximo martes se consume directamente en el Senado un nuevo fraude económico a la nación, e indirectamente un fraude electoral contra el pueblo de México.
La razón, nada que tenga que ver con el cumplimiento de la Constitución, y mucho menos con la garantía de nuestros derechos y libertades públicas. Ni siquiera estaríamos presentes de alguna manera en esa decisión, pues resulta que la mayoría de los senadores del PRI y del PAN, estos últimos conculcando abiertamente su declaración de principios, han decidido convertir la revisión a la Ley Federal de Radio y Televisión, ignominiosamente aprobada el pasado primero de diciembre en la Cámara de Diputados, en un botín electoral, bajo el peregrino supuesto de que ello favorecerá con nuestro voto a sus candidatos a la Presidencia de la República.
Así se confirma lo que hace muchos años vaticinó Pablo González Casanova, autor de nuestro clásico La democracia en México, acerca de que nuestros representantes representan que nos representan. Y lo que con toda claridad asienta el Informe sobre la democracia en América Latina, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a propósito de los poderes fácticos que limitan el ejercicio de la democracia en nuestros países.
"Los medios -expresa el PNUD- tienen la capacidad de generar agenda, de predisponer a la opinión pública a favor o en contra de diferentes iniciativas y de erosionar la imagen de figuras públicas mediante la manipulación de denuncias". Es algo que los mexicanos hemos podido comprobar fehacientemente, sobre todo en estos años, aunque nuestro caso es peor y más anacrónico, pues el PNUD añade que lo nuevo, además de la mayor exposición del público a los medios, "es que se ha salido de una época en la que estaban mayoritariamente vinculados a los partidos políticos y, en algunos casos, éstos ejercían cierto control sobre aquéllos; actualmente muchos medios se han independizado de las estructuras partidarias y han pasado a formar parte de grupos económicos no subordinados al poder político y con intereses muy diversificados". Para nuestra vergüenza, en México ni siquiera esto ha sucedido, pues en su mayoría los medios electrónicos siguen intercambiando favores con el poder político, para seguir lucrando con lo que nos pertenece a todos.
En efecto, si el próximo martes se llegara a aprobar por mayoría la ley Televisa, bastaría con que los concesionarios actuales presentaran una simple solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que automáticamente utilizaran la conversión digital para ampliar las enormes frecuencias de que ahora disponen, incrementando a costa de la nación sus ya abultados negocios, sin ingresar al erario ni un solo centavo. Cabe anotar que en Estados Unidos el gobierno pudo recuperar con este cambio tecnológico entre 10 mil y 28 mil millones de dólares, Gran Bretaña de 900 a mil 700 millones de dólares, y Australia mil 700 millones de dólares.
Lo dicho, el modelo económico mexicano ha sido diseñado para hacer más ricos a los ricos, excluyendo a la mayoría de los ciudadanos. Para verificar aún más esto, basta ver el trato exclusivamente mercantil que se da en dicha ley a las emisoras de servicio público.
Bajo la premisa constitucional de que el espectro radioeléctrico es un bien nacional, la propia Xóchitl Gálvez, comisionada de la Presidencia para los pueblos indígenas, se dirigió hace poco al Senado, exigiéndole que éste no sea subastado en su totalidad, y que al menos se reserve un espacio para que cumpla con su función social, y con ello se atienda lo que el artículo segundo de la Constitución establece en su apartado B, inciso sexto: que la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación de "establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes en la materia determinen".
Si las condiciones, en efecto, para que ello suceda son la subasta pública, convirtiendo un bien nacional en un artículo de mercado, difícilmente podrá cumplirse ese precepto constitucional. "De ahí la necesidad reiterada de rescatar la función y responsabilidad social que deben tener los medios de comunicación -expresa Xóchitl Gálvez-, y no sólo verlos bajo una óptica mercantilista y comercial".
Añadamos que si este es el trato que se les da a los medios del gobierno, con cuánta mayor razón quedan excluidos los medios comunitarios promovidos por las organizaciones civiles, en el ejercicio de su derecho a la información y a su libertad de expresión, que ni siquiera están considerados en esta ley. E incluso las emisoras con objetivos culturales, tan necesarias ante la depravación cultural que promueven los medios comerciales, que verán acotadas sus posibilidades de acceder a nuevas frecuencias para cumplir con su finalidad social.