Editorial

El triunfalismo foxista en materia migratoria

El divorcio entre la postura del gobierno mexicano y las expectativas de sus ciudadanos respecto de un posible acuerdo migratorio con Estados Unidos es cada vez más evidente. Para el presidente Vicente Fox, la discusión en el Congreso estadunidense sobre los diversos proyectos legislativos en materia de inmigración, en especial la propuesta Kennedy-McCain, es un paso positivo luego de cinco años de intensa labor por parte de su administración. Sin embargo, el mandatario omite que decenas de miles de migrantes mexicanos indocumentados ­respaldados por numerosos colectivos de inmigrantes de otras regiones del mundo, así como por organizaciones civiles, de derechos humanos y representantes de las principales religiones­ se han pronunciado en contra de tales proyectos al considerar que violan las garantías individuales de personas cuyo único delito es buscar una vida mejor para sus familias.

Ayer jueves fue una jornada de protestas en Estados Unidos. Las ciudades de Atlanta, Phoenix y Los Angeles fueron escenarios de manifestaciones en contra de los planes antinmigrantes que actualmente se discuten en el Senado y en legislaturas estatales, como la negación de servicios públicos a los migrantes, la criminalización de estos trabajadores, la construcción de muros y la militarización en la frontera con México, propuestas calificadas de xenófobas y racistas. Un día antes, miles marcharon por las calles de Milwaukee bajo el lema "Un día sin latinos", y se espera que este sábado Los Angeles vuelva a ser sede de otra manifestación, esta vez a favor de una reforma migratoria integral. El cierre de negocios, la no asistencia a clases y el ausentismo laboral ­sobre todo de trabajadores latinoamericanos­ fueron los medios que los manifestantes escogieron para expresar su repudio a los proyectos de ley sobre inmigración.

Pero por lo visto, estas protestas no significan nada para el presidente Fox, a pesar de que dejan en claro que las iniciativas legislativas sobre inmigración no convencen ni a los trabajadores interesados ­actualmente hay unos 12 millones de indocumentados en territorio estadunidense, de los cuales 6.2 millones son de origen mexicano, de acuerdo con el Centro Hispánico Pew­ ni a los mismos ciudadanos de Estados Unidos. "Estamos, pues, ya en la etapa final, próximos a llegar a una aprobación de un acuerdo", anunció el jefe del Ejecutivo, quien aseguró que "ya los equipos del presidente Bush y del presidente Fox hicimos nuestra tarea durante estos cinco años, ya aportamos todos los elementos".

Incluso el mandatario desdeña el hecho de que altos funcionarios a ambos lados de la línea divisoria han rechazado estos proyectos. Tal es el caso del alcalde de San Diego, Jerry Sanders, quien le solicitó al presidente George W. Bush legalizar a la población indocumentada para que "deje de vivir en las sombras y participe más en la comunidad, y quizás algún día tengan esperanza de convertirse en ciudadanos". Por su parte, el secretario de Salud, Julio Frenk Mora, aseguró que si el Senado estadunidense aprueba la propuesta HR 4437, la más represiva de todas, se violarían los derechos humanos de los migrantes, ya que implica negarles el acceso a la atención médica.

En este contexto, las declaraciones del Presidente revelan la intención de hacer pasar como un logro algo que no lo es, y que en el mejor de los casos constituye tan sólo una solución parcial y limitada a un problema tan complicado y de tantas aristas como el tema de la inmigración indocumentada. Se trata, pues, de una actitud triunfalista que dista mucho de lo que debe ser la actuación de un estadista en defensa de los derechos de sus gobernados, y que denota una grave incongruencia, sobre todo si se tiene en cuenta que la decisión final no está en manos de las autoridades mexicanas sino de sus contrapartes estadunidenses.