Editorial

Los senadores del dinero

Los concesionarios del duopolio televisivo que padece el país lograron convertir en defensores de sus intereses a grupos mayoritarios de las fracciones priísta y panista en el Senado de la República; con ello esperan que el martes próximo esa instancia legislativa les entregue el control hegemónico de las frecuencias y de los nuevos canales de telecomunicaciones abiertos por la convergencia tecnológica. De esta forma, está a punto de perpetrarse un despojo a la nación, al Estado y a la sociedad, una privatización de lo público equiparable, por su gravedad y consecuencias, a la socialización de la deuda privada que representó, en su momento, la indecente legalización del rescate bancario.

Se sabía ya que la mayor parte de los senadores del Revolucionario Institucional, manejados por operadores tradicionales de los grupos empresariales, se había alineado ya en la ruta de la aprobación sin cambios de las reformas antidemocráticas y oligárquicas a la Ley Federal de Radio y Televisión, votadas unánimemente el pasado primero de diciembre en la Cámara de Diputados, en lo que es, hasta ahora, la peor traición que ha cometido la presente legislatura a su función de representante de la sociedad. Ayer, una mayoría de senadores blanquiazules se dejó persuadir por el ucase de Manuel Espino: el voto de los panistas para aprobar la minuta de las reformas, en sus términos actuales, es necesario para apuntalar la campaña presidencial de Felipe Calderón en los medios electrónicos. En suma, se trata de comprar la voluntad de las dos televisoras dominantes, inclusive si con ello se vende la conciencia de los legisladores al mejor postor y se defrauda, de paso, el mandato popular del que son depositarios.

En efecto, la mayoría de los actores sociales y empresariales consultados por el Legislativo coincidieron en alertar sobre las consecuencias necesariamente nefastas de una aprobación sin cambios de la iniciativa de reformas: con ellas se propiciaría la concentración de la propiedad de los medios electrónicos en el duopolio televisivo; se excluiría a los concesionarios menores; se condenaría a la desaparición a las señales públicas de televisión y radio; se perdería el control del Estado sobre un recurso estratégico de evidente interés público; se impediría el acceso democrático y plural a medios de expresión indispensables, y, para colmo, se causaría al fisco un quebranto financiero de grandes proporciones, toda vez que la minuta no considera como obligatorio el pago de derechos de los grandes corporativos televisivos por la operación de servicios como el acceso a Internet y telefonía celular.

Además de los gravísimos perjuicios al interés público y del atropello a la libertad de expresión implícitos en la iniciativa, la imposición de ésta implicaría una nueva carga de descrédito para la política y una nueva marca en la degradación institucional que vive el país: si los senadores aprueban las reformas referidas, la sociedad podrá confirmar que la mayoría de sus representantes en ese órgano legislativo no son tales, sino representantes del dinero.

Y es que la cooptación de los votos en el Senado por parte de las televisoras no fue un proceso secreto y ni siquiera discreto: han salido a la luz pública las conversaciones telefónicas en las que personeros de Televisa giraban instrucciones a supuestos expertos independientes y a líderes de organismos para que manifestaran su respaldo al atraco. Más aún, en la reunión de ayer de los senadores panistas se puso de manifiesto que el voto favorable de éstos a la iniciativa se dará a cambio de apoyos publicitarios para la campaña de su aspirante presidencial.

El atropello y el despojo no deben permitirse. De aquí al martes próximo, la sociedad debe intensificar y multiplicar sus expresiones de rechazo a una normativa que, de aprobarse, pondría una porción irrenunciable de un recurso que es de todos en manos de unos cuantos.