Prevén que la mayoría votará por entregarlos al gobierno español
Divide a magistrados otorgamiento de amparo a seis ciudadanos vascos
Algunos jueces objetan puntos del proyecto de dictamen que apoya la extradición
Aun cuando se perfila una mayoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contraria a otorgar un amparo a seis ciudadanos vascos para evitar que sean extraditados a España, trascendió que hay integrantes del pleno que consideran que sí hay razones suficientes para evitar su entrega al gobierno español.
En este sentido, se dijo en el máximo tribunal que algunos ministros no comparten el sentido del dictamen elaborado por Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien niega el amparo solicitado y concede la extradición para Félix Salustiano García Rivera, Asier Arronategui, María Asunción Gorrochategui Vázquez, Juan Carlos Artola Díaz, José María Urquijo Borde y Ernesto Alberdi Elejalde, quienes fueron detenidos en julio de 2003 por la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con la información obtenida en la Corte, entre las principales objeciones al documento de Mayagoitia expresadas por algunos ministros a sus colaboradores destacan, entre otros motivos, existen elementos para pensar que de ser enviados a España, los seis detenidos serían juzgados por cuestiones políticas y no por razones jurídicas, lo que contraviene abiertamente la Constitución y al propio Tratado de Extradición firmado por México y España, que especifica la prohibición de entregar inculpados por razones políticas.
La defensa de los detenidos ha señalado que el artículo 22 constitucional proscribe la aplicación de penas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, trato que sufrirían en España, ya que la ley antiterrorista en ese país autoriza la incomunicación de personas vinculadas con la organización separatista vasca ETA, hasta por cinco días en manos de la guardia civil, lo que sería razón suficiente para no conceder su entrega.
Señalan que en el expediente no hay elementos de prueba que acrediten fehacientemente la acusación de la justicia española en contra de los ciudadanos vascos por la presunta creación de redes para financiar el movimiento separatista en ese país.
En este sentido, cabe recordar que en la resolución de este amparo, los ministros de la SCJN decidirán no sólo la constitucionalidad de la Ley de Extradición Internacional y del Tratado de Extradición México-España que son impugnados por la defensa de los acusados, sino que también el máximo tribunal se erigirá como "tribunal de legalidad" y por tanto, determinará si su entrega al reino de España está fundada legalmente.
Otro asunto en el que ha habido coincidencia entre los ministros que están por decidir sobre la procedencia del amparo -extraoficialmente se afirma que actualmente hay cuatro ministros en contra del proyecto- está el hecho de que el Tratado de Extradición entre las dos naciones establece que para que proceda la entrega al otro país, los delitos de que se acusan a los sospechosos deben ser sancionados por las legislaciones de ambas naciones. Requisito que no se cumple, ya que los delitos de integración de banda terrorista, allegamiento de fondos procedentes del terrorismo y blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas no existen en el Código Penal Federal mexicano y que, incluso, por esa razón, la cancillería avaló la equiparación de estos delitos con el de terrorismo y delincuencia organizada, lo cual está prohibido expresamente por la Carta Magna.
Se espera que la próxima semana el pleno de ministros inicie la discusión del dictamen elaborado por Mayagoitia, aunque pudiera suceder, explicaron fuentes judiciales, que aun sosteniendo su criterio, presente un dictamen alterno -negando la extradición-, en caso de que en el proceso de discusión el pleno se incline por el amparo solicitado.