Nefasto, que se hayan plegado a trasnacionales, señala

Apremia Philippe Texier a los estados a reivindicar su soberanía

KARINA AVILES

El francés Philippe Texier, jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) y magistrado en su país de la Corte Suprema de Justicia, advirtió que progresivamente los estados-nación han entregado sus territorios a empresas trasnacionales, lo que ha generado efectos nefastos, como la expulsión de miles de personas -"y la región latinoamericana es ejemplo de ello"- de sus propias tierras.

En un contexto de libre mercado, poco a poco los estados han abandonado "todo lo que les cuesta", como la explotación de sus riquezas naturales. Sin embargo, han hecho un mal cálculo, porque a la larga pagarán mayores costos, tanto sociales como económicos, alertó.

De visita en México para participar como integrante del jurado del TLA que hoy emitirá sus veredictos sobre los 14 denuncias que conoció, Texier manifestó en entrevista con La Jornada que "cuando hay petróleo, oro, carbón o lo que sea en una determinada región, es un desastre para la población local, porque esto sólo va a beneficiar a las empresas, un poco al Estado, y la gente no va a sacar ningún beneficio, al contrario, los van a expulsar de las zonas donde se explotan esos recursos".

Lo inquietante, alertó, es que los estados "están renunciando a su soberanía". Por ejemplo, han concedido los recursos hídricos a "multinacionales muy poderosas, y no están cumpliendo con su deber de proveer agua a toda la población".

Además, en la mayoría de los países el Poder Judicial no ha tomado conciencia de que el derecho al agua se debe proteger, y sancionar en el caso de que existan violaciones, abundó.

Pero lo primero que deben saber los ciudadanos es que el agua potable es un derecho para todos y, en segunda instancia, que los jueces conozcan sus deberes y los cumplan, enfatizó.

También es fundamental que los legisladores tomen medidas para que se respeten los convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se garantiza el acceso al líquido como derecho básico de las personas.

El también integrante del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas observó que uno de los problemas es que no se aplica la ley y, en consecuencia, no existen sanciones, debido a que "el verdadero poder ya no lo tienen los estados, sino las multinacionales".

Sin embargo, es necesario luchar por el agua como un bien público y gratuito y por que los Estados reivindiquen su soberanía. La defensa de este derecho es "una pelea que hay que seguir haciendo".

Consideró que las "formas violentas" de lucha no son vías para buscar una solución a la problemática. En cambio, sí lo son el fortalecimiento de la sociedad civil, de los sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales.

En varias naciones, agregó, las comunidades se han organizado contra el Estado o las trasnacionales, y aunque éstas tienen todos los recursos económicos y jurídicos -en ocasiones más que los propios Estados-, es necesario no proseguir la lucha.

Enfatizó que las empresas privadas a las que los estados han entregado su agua no tienen la preocupación esencial: distribuir equitativamente el recurso.

Recordó que la soberanía nacional no es sólo el derecho de escoger el régimen político, sino la facultad de gozar de las riquezas naturales en el suelo y el subsuelo. No obstante, el abandono progresivo por los estados de sus riquezas naturales ha traído "consecuencias nefastas" tanto a los pobladores locales como a la cultura.

En Latinoamérica, una de las regiones que "posiblemente tenga el mayor número de desplazados, el fenómeno ocurre, entre otras causas, porque llegan empresas a explotar los recursos naturales del país y expulsan a la población local que tiene que ir a vivir más allá, arrinconada y marginada de su propia tierra".

Por ello es necesario insistir en que el deber del Estado es proteger a los ciudadanos que viven en su territorio, finalizó.