Revisarán contratos entre Pemex, SCT y Construcciones Prácticas
Avanza la selección de auditores
La segunda quincena de abril próximo concluirá la selección de reconocidos despachos de auditores externos que revisarán los contratos millonarios otorgados por Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a las empresas relacionadas con los hermanos Bribiesca Sahagún, entre ellas Construcciones Prácticas y Facopsa, además de auditar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
De acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública (SFP), los testigos sociales Gonzalo Martínez Corbalá y Tirso Rodríguez de la Gala revisarán las bases para la participación de al menos tres firmas, trabajo que implica además la visita a las obras (en el caso de la SCT), juntas de aclaraciones, fallo y contratación de los despachos.
Luego de efectuar el análisis del informe elaborado por el despacho Escobar, Consulting & Associates, la SFP precisó que finalmente se determinó practicar 28 auditorías técnico-normativas de obra pública a la Secretaría de Comunicaciones, una auditoría financiera a Pemex y otra administrativo-financiera a la Profepa, por lo que se erogará un aproximado de 22.4 millones de pesos.
Además del informe, que fue turnado al titular de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, por la extinta comisión especial de la Cámara de Diputados encargada de las pesquisas en torno a un probable tráfico de influencias y negocios de los hermanos Bribiesca Sahagún, la dependencia turnará a las firmas auditoras la información ya certificada por notario sobre las investigaciones y documentos oficiales referidas, consistentes en 24 mil 641 fojas, 185 legajos, 114 discos compactos, 15 disquetes y un audiocaset.
Además de que Romero ha informado que los recursos para cubrir el costo de las auditorías se tomará del presupuesto asignado para ese propósito este 2006 a paraestatales y organismos desconcentrados, la dependencia destacó que los recursos también provendrán de lo que el gobierno federal retiene a los contratistas de obra que participan en las obras públicas que licita.
De acuerdo con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, emitida en 2005, los contratistas de obra pública y servicios pagan un derecho equivalente a cinco al millar (cinco pesos por cada mil) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo (monto de los contratos), cuyos ingresos se destinan al servicio de inspección, vigilancia y control que tiene a su cargo la Función Pública.
Estimaciones del titular de la SFP, Eduardo Romero, hacen prever que para julio, si todo marcha sin obstáculos, podrían tenerse los resultados de las 30 auditorías vinculadas con los contratos otorgados a diversas empresas relacionadas con los hermanos Bribiesca Sahagún y uno de los hermanos de Marta Sahagún de Fox, ya que, según el funcionario, una auditoría de obra pública se efectúa en dos meses, mientras las financieras y administrativas se hacen en un mes, aproximadamente.