Campesinos guerrerenses llevan su queja al Tribunal Latinoamericano del Agua

El gobierno foxista obedece a una justicia privada, no ambiental: opositores a La Parota

De construirse la presa, más de 35 mil personas serían desplazadas y aumentarían enfermedades como malaria y dengue, advierten

Lamentan ausencia de autoridades

KARINA AVILES

Ante el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), los campesinos opositores a la presa La Parota, en Guerrero, y los denunciantes de la contaminación en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico acusaron al gobierno foxista de una inexistente aplicación de la justicia ambiental en aras de obedecer a una "justicia privada".

La falta de calidad del agua en la cuenca ha cobrado vidas. A partir de 2002, en tan sólo una población, Juanacatlán, Jalisco, se han incrementado en 35 el número de muertes anuales a causa de enfermedades crónico-degenerativas, pulmonares, cáncer, asma. De construirse la presa La Parota, en Guerrero, serían desplazados más de 35 mil personas, además de tener efectos en la salud, con afecciones como malaria y dengue, señalaron los denunciantes.

A pesar de que el gobierno sabe de los riesgos para la vida y para el hábitat que han traído estos proyectos, con altos grados de contaminación, "no hace nada", destacaron. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) -una de las partes demandadas por los campesinos de Guerrero- ni siquiera se presentó al TLA y tampoco envió una respuesta por escrito.

Por su parte, Oscar González, jurado mexicano ante el TLA, se refirió a lo dicho por el titular de la Semarnat, José Luis Luege, a una agencia internacional de noticias, en el sentido de que este tribunal obedece a cuestiones políticas más que ambientales. Manifestó que "se necesita una mentalidad un poco troglodita para no darse cuenta de hacia dónde avanzan los esfuerzos sociales.

''Es inaceptable que exista por parte del responsable de la Semarnat una actitud de tan poca valoración de un esfuerzo ciudadano como éste. Ese funcionario deja de lado que estamos reunidos por un vacío de justicia ambiental", añadió.

Con la presencia de decenas de campesinos guerrerenses que rechazan la construcción de la presa La Parota, inició el quinto día de trabajos del TLA. Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a dicha presa, externó que el hecho de que la Semarnat, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno estatal no se hayan presentado a la audiencia sólo los evidencia.

Rodrigo Gutiérrez, de la organización Espacio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, denunció el desprecio del gobierno foxista por la vida y los derechos de estos campesinos de Guerrero, pues la construcción de la presa implicaría el desplazamiento de más de 35 mil pobladores, la destrucción de 17 mil hectáreas de selva y enfermedades como el dengue y la malaria.

Calificado como un "proyecto de muerte", los trabajadores de la tierra acusaron a la CFE de promover asambleas ilegales de comuneros y de falsificar firmas de éstos para lograr la autorización de las obras. También denunciaron el hostigamiento y la represión del gobierno contra los opositores de La Parota.

De instalarse la presa, agregaron, otras afectaciones son para el río Papagayo, que "quedaría desierto" y se dañaría el hábitat de una vasta flora y fauna de la región.

Cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico

Al presentar el caso de las afectaciones de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico, Raquel Gutiérrez subrayó que el gobierno no ha hecho nada para resguardar la vida, el hábitat y el desarrollo, pues obedece a una justicia "privada, individual" y se ha olvidado de su responsabilidad social.

Con una minuciosa presentación de documentos, análisis técnicos, reportes de impacto ambiental, Gutiérrez habló sobre el agua de la cuenca que reciben los habitantes y que es como un "veneno". Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la población de Juanacatlán, Jalisco, en donde desde 1985 se han reportado alrededor de 10 muertes anuales y, a partir de 2002, 35 muertes por año a causa de enfermedades que de acuerdo con los estudios médicos y técnicos tienen una vinculación con el líquido contaminado.

Por su lado, Luis María Cueto Sánchez, añadió que la presa Arcediano que se pretende construir para abastecer de agua a 13 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de la ciudad de Guadalajara se busca edificar a partir de los ríos Santiago y Verde. Al primero, 2 millones de habitantes vierten sus aguas residuales sin tratamiento. Dijo que de acuerdo con los reportes, el índice de calidad del líquido es de 33, cuando lo mínimo que se requiere para potabilizar agua es 50.

Las autoridades han hecho un sobretratamiento para demostrar que el agua es potabilizable; sin embargo, los estudios demuestran que no pueden limpiar siquiera el plomo, que tiene una presencia de 0.014, 40 por ciento más del límite tolerable.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una de las instancias demandadas, se limitó a responder en una carta que la inspección y vigilancia de afectaciones a los depósitos de aguas nacionales corresponde a la Comisión Nacional del Agua, por lo que no tiene atribuciones al respecto.