Subraya el fracaso de la participación privada en el sector hídrico en la región
Requiere AL nuevas leyes sobre el líquido y subsidiar sólo a pobres, señala informe
En la zona, 100 millones sin agua pura; sugiere funcionaria homologaciones legislativas
En América Latina se requiere renovar la legislación sobre recursos hídricos y aplicar subsidios directos sólo a los más pobres, señaló el informe sobre la región que se presentó ayer en el cuarto Foro Mundial del Agua. Advirtió que no ha funcionado la participación privada en el sector.
En el continente americano la falta de financiamiento, reajuste institucional y legal, y participación democrática, son los retos que se enfrentan, refirió el informe.
La zona enfrenta problemas de financiamiento porque son los gobiernos los que deben buscar los recursos; "somos como la clase media, porque los organismos internacionales destinan el dinero a países pobres de Africa", señaló Mauree Castellanos, de la Asociación Mundial del Agua.
Al comentar en entrevista el informe regional, señaló que Estados Unidos y Canadá difieren del resto del continente, ya que esas naciones tienen cobertura de 100 por ciento en agua potable y saneamiento, mientras que la mayoría de las naciones de América Latina cubren 90 por ciento en las ciudades y 70 por ciento en las rurales. Hay al menos 100 millones de habitantes sin agua potable y 120 millones sin saneamiento.
Señaló que el reto en saneamiento de agua es común en todos los países, porque el promedio de tratamiento para la zona es de 10 por ciento; "existe una gran contaminación y grandes perdidas económicas en los países por los daños a la salud" que ocasiona la falta de saneamiento.
Castellanos aseveró que un aspecto relevante del documento son las necesidades que existen de inversión, porque hemos pasado periodos de poco financiamiento, tanto para la infraestructura de agua de consumo humano como para saneamiento. "¿De dónde salen los recursos? Ahí la participación privada se ha vuelto un tema polémico, los gobiernos han demostrado incapacidad para la prestación del servicio y el sector privado no lo ha hecho lo mejor posible."
Sostuvo que también es determinante el aspecto de las reformas institucionales, "necesitamos leyes de agua. Por ejemplo, en Costa Rica, la ley de Aguas es de 1942, en Honduras es de 1927 y en Panamá es de 1966. Es necesario mejorar los marcos legales y donde no hay, se deben establecer". Consideró que cada ley debe contemplar términos comunes a todos, como son los principios de Dublín que establecen que el agua es un bien finito y escaso, que tiene un valor económico y el resto del contenido de las leyes debe versar sobre la forma en que se busca administrar el recurso y si se quiere o no la participación privada.
En la zona, dijo, existe fuerte polémica sobre el agua como bien económico y derecho humano. La Organización de las Naciones Unidas señala que es un derecho humano por el que los estados deben velar, pero esto "no significa que el agua deba ser gratis, excepto para aquellos grupos que no tengan posibilidad de pagarla". Puntualizó que también es cierto que se deben recuperar los costos para que todo el mundo pueda tener agua, "es un dilema. Estos aspectos no deben ser opuestos, pueden ser complementarios".
Es posible, sostuvo Castellanos, cobrar un precio justo y equitativo por el recurso y apoyar a los sectores que lo requieren, "como los más pobres mediante subsidios directos".
Respecto de la participación privada en la zona dijo que no ha sido lo que algunos organismos internacionales querían. "No ha sido de beneficio en términos de grandes aportes económicos; apenas representa 10 por ciento de la inversión, y en el financiamiento el papel de los gobiernos todavía es el fuerte".
El informe consideró ocho prioridades, entre las que está el financiamiento, que, se destacó, ha disminuido, pues entre 1992 y 1999, el promedio de inversión del Banco Mundial fue de 306 millones de dólares al año, en 2000 bajó a 147 millones.
Otra prioridad es la gobernabilidad sobre el sector hídrico, ya que se necesitan políticas y marcos legales; la descentralización, función municipal y manejo del agua en la comunidad local, o bien mediante los sistemas de cuenca; marcos jurídicos y regulatorios para la gestión integral del recurso; políticas; manejo de cuencas, y manejo de riesgos naturales.