Buscan más pruebas para presentarlas a la Corte
Anuncian juicio popular contra el góber precioso
También habrá condena política y moral a Mario Marín
Organizaciones indígenas, sociales, sindicales, de cooperativistas y defensoras de los derechos humanos realizarán el próximo domingo 26 un juicio popular contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, el cual, además de condenarlo política y moralmente, tiene el propósito de recabar más pruebas de las arbitrariedades y vejaciones que el mandatario ha cometido en perjuicio de la ciudadanía de ese estado, para allegarlas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para integrar el jurado popular hasta ayer estaba confirmada la participación del diputado federal Pablo Franco, y personajes de la vida académica, política, cultural y social, entre otros, están por confirmar su intervención.
El martes 21 a las 11 horas los organizadores del proceso darán a conocer las bases del juicio popular y los nombres de quienes fungirán como jurado, fiscales y defensa. Luego los convocantes se trasladarán a la casa del gobernador para emplazarlo a acudir al juicio popular.
Como parte de esas acciones, un grupo de derechos humanos locales, agrupado en la Red de Izquierda Democrática (Redir), colocó el pasado día 8 una mesa en el zócalo de la capital poblana para recibir denuncias. Hasta el pasado jueves se contabilizaban 150, en su mayoría por casos de arbitrariedades y despojos.
Según los organizadores, el valor moral del juicio popular es "bastante significativo", porque el gobernador dice que hay un linchamiento mediático derivado del asunto Lydia Cacho.
"Sin embargo, le queremos demostrar que este caso es penoso y vergonzoso; que no es el único y que forma parte de un estilo caduco, conservador y caciquil de gobernar, el cual debe terminarse. Por eso va a tener un alto impacto moral en la ciudadanía poblana y seguramente debe tenerla en el gobernador, para tomar la decisión de separarse del cargo."
De acuerdo con uno de los promotores de la iniciativa ciudadana, el jurista Eduardo Miranda, el juicio popular no interferirá con el proceso que va a conocer la SCJN y con los juicios de desafuero y políticos, "que, de llevarse a cabo, estaría conociendo la sección instructora de la Cámara de Diputados federal".
Este movimiento social nació luego de concluida la marcha histórica en contra del mandatario. De acuerdo con sus organizadores, el juicio se sustenta en el artículo 39 constitucional, "que habla sobre la soberanía popular".
Entre los promotores de la iniciativa destacan organismos como la Unión de Juristas de México, la Liga Mexicana Anticorrupción, la Redir y el Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, así como académicos, activistas y defensores de los derechos humanos.