Editorial
La escalada del conflicto gobierno-sindicatos
El conflicto entre el gobierno federal y organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Trabajadores por la sustitución de Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana continúa agravándose. Bajo la sombra de la tragedia provocada por el accidente en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila que costó la vida a 65 mineros-, las autoridades, en especial la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), han optado por intervenir en la vida sindical, situación que ha colocado al gobierno y a varios gremios en una ruta de colisión.
Ayer viernes, el titular de la STPS, Francisco Javier Salazar Sáenz, criticó a los gremios democráticos que han respaldado a Gómez Urrutia. "Lamentamos que en días pasados organizaciones democráticas se hayan prestado a ser eco de los intereses particulares de quienes, violentando la legalidad de sus organizaciones, apelan a la democracia para defender su privilegio y su actuación egoísta e ilegal", dijo el funcionario, en abierta alusión al denostado líder sindical.
La cuestión sobre si Gómez Urrutia incurrió en actos de corrupción no está a debate; los señalamientos en la prensa son demasiado contundentes. Sin embargo, estas acusaciones no pueden servir de pretexto al Estado para intervenir en la vida sindical, por lo que el desconocimiento de Gómez Urrutia como líder minero por parte de la STPS es un exceso, ya que se trata de una facultad de exclusiva competencia de los agremiados. Esta actitud del gobierno federal entorpece las relaciones entre Estado y sindicatos que han amenazado con un paro nacional si las autoridades no dan marcha atrás, y en nada contribuye a la estabilidad social y económica del país.
Peor aún, el torpe manejo que el gobierno ha hecho de las relaciones con los gremios ha llamado la atención internacional, añadiendo más leña al fuego en este conflicto: ayer viernes, cientos de integrantes de unos 15 sindicatos de Estados Unidos, entre ellos la poderosa central obrera AFL-CIO, realizaron una manifestación ante el consulado mexicano en Filadelfia para exigir la reinstalación de Gómez Urrutia, y anunciaron más protestas en otras ciudades estadunidenses. Esta manifestación debería servir de advertencia para que el gobierno ponga fin a su intervencionismo sindical, actitud que empaña la imagen del país en el exterior.
Pero el gobierno no es el único que ha tomado un rumbo equivocado en esta crisis. En vez de buscar la manera de mejorar las condiciones laborales sobre todo las medidas de seguridad de los mineros, legisladores de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional han preferido favorecer los intereses de las empresas mineras mediante una reforma de la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo y la Ley Minera. Esta modificación es anticonstitucional e implica que el gas asociado con los yacimientos de carbón mineral (es decir, el gas grisú, el mismo que causó la explosión en Pasta de Conchos) ya no formará parte de la industria petrolera, propiedad de la nación, lo que permitirá a la iniciativa privada adueñarse prácticamente de una producción energética hasta ahora poco explotada.
Lo escandaloso del caso es que la norma vigente obliga a las compañías a sacar el gas grisú de las minas para garantizar la seguridad de los trabajadores. En ese contexto, si se aprueba la reforma, Grupo México, propietaria de Pasta de Conchos, sería premiada con un nuevo negocio antes de ser sancionada por su negligencia en la tragedia de Coahuila.
Estos elementos demuestran que el gobierno y parte de la clase política están más interesados en socavar el poder de los sindicatos y privilegiar los intereses empresariales en vez de perseguir el bienestar de la clase obrera, lo que inevitablemente deriva en inestabilidad política.