Asistentes al Taller popular acuerdan crear una red de organizaciones nacionales

Reconocer a los pueblos indígenas como guardianes del recurso, piden

En los territorios donde residen se genera y capta 12 por ciento del volumen nacional

MATILDE PEREZ U.

En las regiones donde residen los pueblos indígenas se genera y capta 12 por ciento del volumen de agua nacional, por esta razón deben ser reconocidos como guardianes del recurso y de la biodiversidad, y no sólo como "productores" del líquido, se destacó ayer en el Taller popular: defensa y gestión comunitaria del agua en el campo y la ciudad.

Ekart Boegel, ambientalista residente en Veracruz, explicó a integrantes de casi cien organizaciones sociales, urbanas, indígenas y miembros de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho del Agua, que en 65 por ciento de las regiones donde habitan indígenas hay precipitaciones mayores a cuatro metros cúbicos. "Son productores de líquido, pero no usurarios, y por eso no están considerados en la ley", señaló.

Mencionó que en 57 por ciento de los territorios rarámuri y tepehuano -en el norte del país- se tiene la mayor captación de agua de la región; y en 60 por ciento de las zonas indígenas de Durango, Guerrero, Veracruz y Oaxaca -que comparten la cuenca del Papaloapan- ocurre el mismo fenómeno.

Sin embargo, los pueblos originarios no son los beneficiarios ni los agricultores que exportan sus productos; "¿por qué si el agua es de ellos no se les reconoce y se les otorga?, ¿qué debemos hacer, cómo incluir a los pueblos indígenas como productores de líquido, que están ligados a la biodiversidad? Hay que reposicionarlos dentro de la sociedad y no dejarlos como los más pobres entre los pobres", acotó.

A pesar de que la pretensión del taller no era provocar polémica, sino que los participantes hablaran de sus experiencias de lucha contra la privatización del agua, la construcción de presas, la contaminación de los ríos y mantos freáticos, por ejemplo, el oaxaqueño Aldo González puntualizó que los indígenas son guardianes del líquido y de la biodiversidad, no "productores" de esos recursos.

Al hablar de la defensa del agua a partir de la defensa del territorio, González recordó que durante cinco siglos se ha tratado de desmembrar a los pueblos indígenas y la embestida más reciente es que los recursos naturales y la biodiversidad ya son de interés del gran capital, de las trasnacionales. Sólo a ellos se les ocurre separar la tierra del agua, mientras las comunidades siguen luchando por la recuperación de sus predios.

"Nos queda claro que la intención del capital es apropiarse del agua y de la biodiversidad, y que no descansará en su afán de destruir la unidad indígena. Por eso la lucha ya no podrá realizarse de forma aislada, de comunidad por comunidad, sino como pueblo", asentó.

Advirtió que algunas organizaciones no gubernamentales que se han ganado la confianza de los indígenas ahora tratan de convencerlos de que "acepten la dinámica de las trasnacionales, pues saben que están asentadas en nichos ecológicos diferentes". Mientras, el gobierno sigue viendo a las etnias como "productores ineficientes, improductivos, y sabe que la mejor manera de sacarlos de ahí es mediante la migración".

Aldo González destacó que se trata de fortalecer el falso dilema de que las ciudades paguen el agua al campo, porque se fomenta una política de migración de los campesinos de subsistencia hacia las urbes medias, donde estarán quienes salieron del agro y entonces éstos tendrán que pagar el recurso. Ante esa embestida, abundó, los pueblos indígenas "seguiremos resistiendo y luchando porque se reconozca nuestra libre determinación; los habitantes de las ciudades deben confiar en que seguiremos protegiendo nuestro territorio de los intereses del gran capital".

En el último día del encuentro, el canadiense Tony Clarke comentó que la privatización del recurso abarca los servicios públicos y municipales, la construcción de embalses, los manantiales, el tratamiento de aguas contaminadas y el líquido embotellado. La pretensión es, agregó, tener un control corporativo, y el reto global es evitar la tensión entre el campo y las ciudades y unificar sus luchas contra la privatización del recurso.

Los participantes acordaron crear una red de organizaciones nacionales, con un espíritu de horizontalidad, y que aquellos que ya luchan contra la privatización del agua y la construcción de presas se unifiquen en una red nacional. "No hay que estar dispersos, la unidad es indispensable para fortalecer la organización nacional e internacional", acotó Andrés Barreda, investigador del Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular.