Se violan derechos de campesinos, reportan ONG
La población, vulnerable ante la construcción de La Parota
El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota informó que organismos internacionales realizaron una investigación en la zona de Guerrero y advirtieron que existe una estrategia mundial para privatizar las presas a costa de la subsistencia de las comunidades, que sería la primera fase para dejar en manos de empresarios y del capital internacional la comercialización del agua.
La organización FIAN Internacional y la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, después de realizar un recorrido por la región que será afectada por la construcción de la presa, reportaron la "vulnerabilidad de
la población frente a las violaciones de los derechos humanos que cometieron autoridades federales, estatales y locales para tratar de imponer el proyecto a toda costa", así como la firme determinación y oposición que existe para que no se construya el embalse. Además, atestiguaron la fertilidad de las tierras que, según las autoridades, no existen en esa región.
Rolf Künnemann, director de los Derechos Humanos de FIAN, y Teresa Avila, encargada de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México, encabezaron el recorrido por el ejido de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, uno de los lugares que serán afectados por la construcción de La Parota, acompañados por integrantes del Consejo de Ejidos, Espacio DESC y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Ambas organizaciones integran una delegación internacional que ayer se reunió con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, a quienes expresaron su preocupación por la nula intervención de la dependencia en la vigilancia de la organización de asambleas comunales donde se vota la expropiación de las tierras (19 poblaciones) que han de ocuparse para construir la presa La Parota, originando el desplazamiento de por lo menos 20 mil campesinos nativos.
Los observadores internacionales inclusive sostendrán una reunión, en los próximos días, con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad; así como de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y el subprocurador de la Procuraduría Agraria, Rogelio Parasilva.
Sin embargo, las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía se negaron a recibirlos.
En su opinión, el proyecto de La Parota es la apuesta para expandir el Plan Puebla-Panamá, propuesto en 2001 por el presidente Vicente Fox.
Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, afirmó que en La Parota hay financiamiento del gobierno del presidente Vicente Fox y de grandes consorcios de la construcción de México, Estados Unidos, China y Brasil, que "invertirán 850 millones de dólares en la presa".
La obra fue detenida en enero pasado por orden de un juez del Tribunal Unitario de Guerrero, que cuestionó la veracidad de las consultas públicas para expropiar los terrenos.