La compañía sólo quiere indemnizarnos por 539 de 758 hectáreas expropiadas, dicen
Acusan a la CFE en Nayarit de presionar a ejidatarios para aceptar pago amañado
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Reunión de conciliación entre afectados por la presa El Cajón y representantes de la CFE, la Procuraduría Agraria y gobierno del estado
Foto: Angélica Cureño
Santa Maria del Oro, Nay., 15 de marzo. La construcción de la presa El Cajón tiene 90 por ciento de avance, pero los agricultores afectados por el embalse no han cobrado "ni un cinco" por las tierras que les expropiaron, informó el presidente del comisariado ejidal de Cantiles, Francisco Villa Montes, quien destacó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) depositó ante el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 11 millones de pesos como pago por sus tierras, "pero a partir de un avalúo que sólo ellos conocieron".
Villa Montes, junto con el abogado de los indígenas de Cantiles, Alejandro López Aguayo, así como representantes de la CFE, de la Procuraduría Agraria y del gobierno estatal, participaron este martes en una "mesa de conciliación" instalada en la alcaldía de Santa María del Oro, donde los labriegos se quejaron de que la paraestatal insiste en pagar indemnizaciones por un 539 hectáreas, cuando según un estudio de impacto ambiental el área afectada abarca 758 hectáreas.
"Cuando firmamos ese documento en el que aceptamos el pago de 11 millones de pesos, los representantes de la CFE nos engañaron, pues nos dijeron que nada más era un requisito, pero que luego habría nuevas negociaciones, y ahora nos dicen que ya estamos pagados y que a fuerzas debemos aceptar esa cantidad", dijo Villa Montes.
Subrayó que "o nos pagan lo justo o no nos vamos a retirar, y van a tener que llenar el embalse de la presa con nosotros adentro".
Villa indicó que solicitan por sus tierras 75 mil pesos por hectárea afectada (no cultivable, pero apta para otros rubros), 150 mil pesos por cada hectárea de cultivo de temporal, y 300 mil pesos por hectárea de riego.
Hugo Sansen Contreras, representante de la CFE, señaló que "el pago de 11 millones es justo, pues así lo determinó el avalúo legal entregado por la Secretaría de la Reforma Agraria y, en ese sentido, la institución estaría dispuesta a pagar más sólo si la ley lo estableciera".
Añadió que su presencia en el lugar no era para tratar ese tema, sino para "llegar a acuerdos con respecto al pago de los bienes distintos a la tierra (árboles frutales, principalmente)".
Este señalamiento causó la respuesta inmediata de López Aguayo, quien insistió en que "esa cerrazón de la comisión puede ocasionar un conflicto social del que los hago responsables". El mismo abogado afirmó que "el representante de la CFE se olvida que antes de esperar a que se haga un nuevo juicio legal, para el caso existen medios arbitrales o acuerdos suplementarios para resolver las controversias sin llegar a los tribunales; incluso para eso estamos aquí".
En este contexto, Villa Montes dijo: "Todavía no nos dan ni un centavo por nuestras tierras y ahora vienen a decirnos que cuánto queremos por los bienes distintos a la tierra, intentando tratarnos como a los burros, a los que se les da una cachetada para que se devuelvan al rancho".
Lucas Vallarta Robles, comisionado del gobierno del estado para mediar en el conflicto, señaló la necesidad de que "ante las posiciones totalmente encontradas de las partes se presenten propuestas de solución, ya que el diálogo está atorado en el número de hectáreas afectadas, cuando aún falta de tratar puntos como la zonas de vivienda, la escasez de agua potable en la zona, debido a que se están secando los veneros y pozos a causa de las explosiones causadas con dinamita, la construcción de jagüeyes y otros beneficios ofrecidos por la CFE, que hasta ahora no se han llevado a cabo".
El delegado de la Procuraduría Agraria, Francisco Cervantes Ruiz, propuso antes de que se realizara una nueva reunión para tratar temas pendientes, "que las partes presenten planos (la CFE con las 539 hectáreas que marca el avalúo y los ejidatarios con las 758 que, aseguran, abarca la totalidad del área afectada) para enviar una solicitud a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría Agraria". De esa forma se pretendería "realizar nuevas mediciones para determinar la extensión real afectada", y sugirió "crear una comisión de ejidatarios que acompañe a los funcionarios de la CFE, con el fin de llegar a un acuerdo para el pago correspondiente".