Pide a la Cámara de Diputados resolver sobre desafuero del gobernador de Puebla
Presenta senador del PRD solicitud de juicio de procedencia contra Mario Marín
Aduce violaciones a diversos artículos de la ley en el caso de Lydia Cacho
El senador del PRD Rafael Palacios Cordero presentó una solicitud de juicio de procedencia en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, para que la Cámara de Diputados resuelva su desafuero por su probable responsabilidad en la comisión de delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Código Penal Federal y el Código de Defensa Social de esa entidad, así como la violación a los artículos 22 y 116 de la Constitución.
La petición fue recibida ayer en la secretaría general, que deberá turnarla directamente a la Sección Instructora, para que inicie el proceso. El perredista señaló que el desafuero de Marín es necesario para que la PGR ejerza acción penal en su contra.
En entrevista, después de presentada la solicitud, el senador por el estado de Durango afirmó que al facilitar y promover la detención y encarcelamiento de Lydia Cacho, el gobernador poblano habría cometido los delitos de abuso de autoridad y cohecho, y violentado el derecho que debe tener todo ciudadano sometido a un proceso, así como la división de poderes, "cuando ejerció inducción y presión para que otro poder, que se supone independiente al Ejecutivo, el Judicial, recibiera instrucciones" para someter a un juicio irregular a la periodista y escritora.
En el pliego que se presentó ayer, el legislador consideró necesario que para la etapa de pruebas, la Sección Instructora gire oficios a La Jornada y a las televisoras Televisa y TV Azteca para que proporcionen a los diputados copia de las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Marín y el empresario poblano Kamel Nacif, en las que ambos celebran la detención de Lydia Cacho.
También que se realice una prueba pericial a las grabaciones para que especialistas determinen si la voz de Mario Marín Torres es la misma que la de esas conversaciones y que se solicite Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla turnar la averiguación previa iniciada por el delito de difamación contra Cacho.
En sus argumentos, el senador señala que de las grabaciones a las llamadas telefónicas de Marín y Nacif se desprenden los siguientes delitos: de tortura, previsto en el artículo tercero de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, donde se define que comete este delito el servidor público, que con motivo de sus atribuciones, infrinja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o síquicos, con el fin de obtener del torturado o de un tercero, información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una acción determinada.
También, los delitos de abuso de autoridad y de cohecho, previstos en los artículos 215 y 222 del Código Penal Federal. También los delitos previstos en los artículos 209, 419, 426 y 449 del Código de Defensa Social de Puebla, donde se sanciona hasta como dos años de prisión a quien "no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance, impedir la consumación de los delitos que sepan van a cometerse o se estén cometiendo", y donde también se prevén sanciones para el abuso de autoridad, cohecho y tortura.
Por su parte, el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Julián Angulo Góngora, quien tiene a su cargo el proyecto de juicio político contra Mario Marín a partir de la denuncia presentada por el PRD en San Lázaro, informó que este procedimiento se resolverá en los próximos días.
Explicó que una vez concluida la revisión de la demanda, a la que posiblemente se agregue la presentada por empresarios de Puebla el lunes pasado, pedirá a la presidenta de la subcomisión de examen previo, Rebeca Gódinez, convocar a una reunión de esa instancia para determinar si se reúnen los requisitos que permitan votar un dictamen en contra del gobernador de Puebla "le daremos la celeridad que el caso amerita", expresó.
Sobre las dos solicitudes de juicio político, el senador Rafael Palacios consideró que de aprobarse en la Cámara de Diputados, este proceso podría frenarse en el Senado, donde se decide -si ha lugar a proceder contra el gobernador poblano-, debido a que el PRI es mayoría; en cambio, en San Lázaro, el desafuero podría ser votado en el pleno por PAN Y PRD.
También el diputado de Acción Nacional exhortó ayer a los legisladores del PRI a respaldar las solicitudes para que Mario Marín deje la gubernatura.
"A su debilitado gobierno lo mantiene en pie no la aceptación mayoritaria de la sociedad, sino las diputadas y diputados locales y federales del PRI. Ellas y ellos son sus pilares y lo mantienen políticamente vivo", expresaron los legisladores poblanos del PAN, Rogelio Flores y Felipe Díaz González.