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Se acabó la novela rosa de Repsol; al descubierto, el saqueo
El nuevo gobierno boliviano puso en marcha a la justicia para evitar la impunidad
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En el palacio presidencial de La Paz, los presidentes de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Bolivia, Evo Morales, se saludan tras signar un preacuerdo sobre comercio de gas natural FOTOAp
LA NOVELA ROSA de Repsol y sus jugosos negocios en Bolivia llegó a su fin, y si la trasnacional española pretende mantenerse como una de las grandes del sector energético en América Latina tendrá que "corregir" sus tradicionales prácticas de saqueo e impunidad.
DESDE LOS TIEMPOS electorales, Evo Morales pintó su raya: los recursos energéticos de Bolivia se utilizarán en beneficio de los bolivianos. Sin embargo, Repsol no hizo el menor caso a los señalamientos del ahora presidente de aquel país y la bomba le estalló en las manos.
EN UN PRIMER movimiento, el ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Solís Rada, desnudó a Repsol por el hurto de reservas energéticas -propiedad de aquel país-, que la trasnacional registró como propias ("concesiones soberanas") en la bolsa neoyorquina. Poco después el mismo personaje denunció el contrabando de petróleo y la evasión fiscal del consorcio hispano, por medio de su empresa filial Andina.
REPSOL SE VIO obligada a practicar un vergonzoso "recorte" público de "sus" reservas energéticas en Bolivia, y supuso que con esa acción cancelaba la posibilidad de acciones judiciales en su contra, pero no fue así.
EL PASADO JUEVES la fiscalía de Santa Cruz allanó las oficinas que la trasnacional tiene en esa ciudad boliviana, tras ser acusada por las autoridades aduaneras de contrabandear 230 mil 400 barriles de petróleo, con un valor superior a 9 millones de dólares, entre 2004 y 2005. Paralelamente, la autoridad informó que los dos principales directivos de Andina, el español Julio Gavito, presidente, y el argentino Pedro Sánchez, director de operaciones, fueron citados para que rindan su "declaración informativa judicial" sobre el caso, pero ninguno de los dos respondió al llamado del ministerio público. Por no presentarse, ambos quedaron "sujetos a la aprehensión" de las autoridades.
LA TRASNACIONAL RECURRIO al gobierno español (que si bien movió a su aparato diplomático no amenazó con ruptura de relaciones ni excesos similares al estilo José María Asnar, con s) y utilizó su ejército de abogados para detener el proceso. De nada sirvió, porque ayer un tribunal boliviano, la segunda sala civil de la Corte Superior de Santa Cruz, rechazó el recurso de amparo presentado por Repsol y dispuso que prosiga la investigación sobre el presunto contrabando petrolero cometido por la trasnacional, a través de su filial Andina. Para hoy se esperan las declaraciones de los formalmente declarados prófugos Gavito y Sánchez.
EN UN INTENTO por defenderse, la trasnacional española asegura que la acción de la justicia boliviana es "desmedida", porque "no se ha configurado el delito de contrabando pues no se ha omitido el pago de tributo alguno; es decir, no hay daño económico al Estado; todos los volúmenes exportados han sido autorizados por el órgano administrativo competente, el Ministerio de Hidrocarburos boliviano; es absolutamente injustificable que se haya dado curso a una causa penal, cuando la propia denuncia y querella se refieren a una hipotética contravención que debe ser discutida en la sede administrativa".
LA ORDENADA CONTRA Repsol es la primera acción concreta del gobierno boliviano en contra del sistemático saqueo energético practicado por las trasnacionales en aquel país. Le tocó a la española, pero por lo visto no será la única.
EN VIA DE MIENTRAS, un breve paseo por los negocios de Repsol en Bolivia, por cortesía de la organización Quién debe a quién: las zonas de interés hidrocarburífero representan 49 por ciento del territorio nacional, pero el área de explotación por parte de la antigua empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el pasado, y por las corporaciones trasnacionales en la actualidad constituye únicamente 8 por ciento.
REPSOL YPF POSEE derechos mineros en 32 bloques, siete de los cuales son de exploración (9 mil 264 kilómetros cuadrados) y 25 de explotación (2 mil 174 kilómetros cuadrados). Controla varios de sus bloques mediante sus subsidiarias Pluspetrol, Maxus (absorbida por YPF antes de que Repsol adquiriera esta última), y Andina. La producción neta anual en 2004 fue de 10.6 millones de barriles de petróleo y 161 mil 100 millones de pies cúbicos de gas natural.
AL ADQUIRIR ANDINA, una empresa creada con la "capitalización" (privatización) de una de las unidades de la antigua estatal boliviana YPFB, Repsol dispuso de 50 por ciento de participación en los campos gasíferos más importantes de Bolivia. En este país no existen redes de gas en las ciudades y el gas en garrafa es distribuido por las petroleras a precios internacionales (35 dólares por barril en 2003), cuando el costo en boca de pozo es de un dólar por barril. De hecho, Bolivia tiene el menor coeficiente de consumo de gas per cápita del continente, y los habitantes utilizan energía eléctrica (más costosa), gas licuado de petróleo (más peligroso), o leña (generando problemas ambientales).
LAS ACTIVIDADES DE Repsol YPF afectan en este país a varios parques nacionales y se superponen a 17 territorios indígenas de la región amazónica y del Chaco. Además, el proceso de "capitalización" ha sido fuertemente cuestionado por la población que demanda la renacionalización de los hidrocarburos. Los 76 contratos de exploración y producción de hidrocarburos vigentes han sido declarados ilegales por el Tribunal Constitucional, no solamente por violación de la Constitución Política del Estado, sino porque debían haber sido aprobados por el Congreso y no únicamente por el Poder Ejecutivo. De ellos, 20 conciernen a Repsol o sus subsidiarias.
Las rebanadas del pastel:
UN CASO PINTA muy bien el "estilo Repsol": en 1999, sin consulta a las comunidades locales, ni autorización de las autoridades ambientales competentes, Repsol entró en el Territorio Indígena Multiétnico para acceder al Pozo Eva-Eva, en el Departamento del Beni. Para ello aprovechó una senda abierta por la explotación maderera. Firmó con el "Gran Consejo Chimán" -no representativo del pueblo Chimán- un convenio por medio del cual se comprometía a pagar 135 dólares por cada una de las hectáreas utilizadas para la construcción del pozo. Además, Repsol entregó a dos comunidades una donación de peines, pastas y cepillos dentales, pelotas de futbol y bolsas de ropa.