Es inadmisible conservar a un gobernador capaz de vender la justicia, advierten
Paro comercial si no se enjuicia a Marín, dicen empresarios poblanos
Presentan su demanda ante diputados
Nacif, industrial favorecido por el poder: textileros
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Crece la inconformidad contra el mandatario estatal.
Foto: Reuters
Empresarios de Puebla, encabezados por el ex dirigente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) Eduardo García Suárez presentaron ante la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del gobernador Mario Marín Torres, y señalaron que si no se separa del cargo de manera voluntaria realizarán un paro comercial en todo el estado.
Entre los hombres de negocios que firman la solicitud -entregada ayer en la Dirección Jurídica de la Cámara-, están el textilero Ricardo Villa Escalera, el empresario en lubricantes Carlos Lois Llorens, así como el secretario de Asuntos Políticos de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Ugocem), José Antonio Andreu.
En Puebla, la moral está quebrada
Como parte de los conceptos de violación a la Carta Magna que los empresarios atribuyen a Marín, para exigir que la Cámara de Diputados lo someta a juicio político, resalta: ''En Puebla existe una quiebra moral y resulta inadmisible conservar a un gobernador capaz de vender la justicia para favorecer a un personaje como Kamel Nacif, protector del pederasta confeso (Jean) Succar Kuri. Con conocimiento o sin él, el mandatario terminó apoyando a la red de protección vinculada al crimen organizado.
''En cualquier país democrático habría renunciado el servidor público sorprendido en una conversación tan deleznable con un empresario amafiado, que tenía como fin torcer la ley para castigar'' a la periodista Lydia Cacho.
Y señalan que tanto el gobernador como Kamel Nacif ''están de tal manera esterilizados ante cualquier consideración ética, que Mario Marín y sus colaboradores todavía no perciben la magnitud de la infamia cometida y no hay asomo de vergüenza ni arrepentimiento''.
La denuncia detalla el procedimiento de detención de Lydia Cacho Ribeiro y su encarcelamiento, así como las amenazas y tortura contra la periodista, hechos sobre los que -afirman- existen evidencias de que fueron ordenados por el gobernador Mario Marín.
''Estos hechos derivaron a su vez en otros ilícitos, como delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, así como la violación de derechos y garantías establecidas en la Constitución, previsto en la fracción segunda del artículo 364 del Código Penal Federal.''
Los empresarios presentaron como testimonios del uso que Marín dio al sistema de justicia de Puebla las conversaciones telefónicas del gobernador con Nacif, que La Jornada difundió en su edición del 14 de febrero.
A lo largo de las llamadas, agregan, se evidencian ''los deplorables actos de corrupción, así como la abierta y sistemática colusión del gobernador Marín y el empresario Kamel Nacif para llevar a cabo actos intimidatorios, de tortura y de violación de los más elementales derechos humanos en contra de la periodista Lydia Cacho'', e inclusive ''se desprende la cadena de complicidad entre Marín y el rey de la mezclilla, así como los actos realizados de manera prepotente, arbitraria e impune por parte del Ejecutivo estatal en contra de la periodista''.
También consideran que, en sus declaraciones públicas previas a la detención de Cacho, donde Marín la califica de ''delincuente que cometió un delito'', se evidencia ''una clara parcialidad del gobernador, tanto en el ámbito de la procuración como de la impartición de justicia, y el preludio de la conspiración orquestada en contra de Lydia Cacho, y en clara intromisión a la independencia debida entre poderes''.
Los demandantes afirmaron que si se pudiera hablar de un régimen autoritario y represor, ''el de Mario Marín, sin lugar a dudas, es uno de ellos, y en este caso entraña un grave atentado no sólo contra la integridad física y moral de la persona afectada (Lydia Cacho Ribeiro), sino además un típico ejemplo de la parcialidad y la mezquindad de cómo se manejan y utilizan las agencias del Estado en provecho del gobernador de Puebla... por ello, advertimos que estas acciones deplorables no pueden ni deben quedar impunes''.
Trato preferencial
Por otra parte, en la capital poblana, Ernesto Moguel Zubirán, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), aceptó que el empresario del ramo Kamel Nacif Borge ha recibido trato preferencial en la instalación de sus empresas por los gobiernos federal y estatales de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas y Tlaxcala.
Al ser interrogado sobre los señalamientos en torno a favores políticos recibidos por el textilero de origen libanés, Moguel Zubirán manifestó que no hay novedad, pues es bien sabida su relación con el aparato gubernamental.
Sin mencionar el nombre de Nacif Borge, recordó que en la anterior administración estatal, encabezada por el priísta Melquiades Morales Flores, hubo empresarios ''consentidos'', como los coreanos, a quienes les donaron predios, construyeron naves y exentaron del pago de impuestos
Señaló que Nacif, conocido como el rey de la mezclilla, obtuvo privilegios de los gobiernos de Oaxaca y de Guerrero para instalar sus maquiladoras, además de que recibió varios apoyos de otro tipo.
Actualmente en Guerrero opera la empresa Global, que emplea entre 150 y 200 personas y fue abierta tras el cierre de Tarrant en Puebla y Tlaxcala. Además se están reactivando sus negocios con la apertura de una lavandería en territorio tlaxcalteca, que cuenta con unos 100 empleados, y un recinto de costura en el municipio poblano de Ajalpan.
Por otra parte, Ernesto Moguel dijo ignorar si Kamel Nacif también está involucrado en contrabando de ropa, como se comentó en los corrillos de ese sector empresarial.