Reporte del IIE-UNAM advierte del daño que causa
Fuera de norma, contaminación hídrica debida a usos agrícolas
A pesar de que la agricultura es una de las principales causas del deterioro en las reservas de agua, "las medidas para revertir los efectos de la contaminación agrícola han sido limitadas", ya que mientras en los países desarrollados las descargas "puntuales" están prácticamente controladas, en México no existe una política ambiental para el sector, asegura el informe Política ambiental y contaminación agrícola del agua.
Rosario Pérez, del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM y autora de ese texto, informa que en nuestro país los agricultores no están obligados a cumplir con las reglas nacionales de descarga de agua residual.
La investigadora destaca que la Comisión Nacional del Agua ha señalado que la agricultura, la deforestación y el mal manejo de la basura "son responsables de más de 70 por ciento de la contaminación del agua superficial y subterránea". Además, indica que en el Programa Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente 2001-2006 se reconoce que las actividades agrícolas están al margen de las regulaciones ambientales.
Entre los principales contaminantes que el sector genera se encuentran nutrientes como nitrógeno y fósforo, que son "los que mayor impacto" tienen en la calidad del agua; los pesticidas, mismos que al disolverse en el líquido, evaporarse o lixiviarse en el agua del subsuelo pueden matar peces y otras especies, además de causar daño a sus predadores.
El informe establece que otros contaminantes de los acuíferos son los minerales y los patógenos, estos últimos causantes de enfermedades gastrointestinales.
La investigadora considera que las políticas ambientales se clasifican a escala mundial desde dos perspectivas: la de mercado y la regulatoria. La primera abarca instrumentos que tienen efectos en costos y precios, como impuestos, subsidios y rembolsos; así como derechos de propiedad. Por otro lado, el enfoque regulatorio incluye normas, restricciones o licencias de insumos.
Asegura que "la solución óptima" para reducir la descarga no puntual por parte de los agricultores dependerá de acciones como la delimitación de responsabilidades entre agricultura y otras fuentes de contaminación. Establecer las obligaciones entre las granjas que descargan a una misma cuenca. Determinar la política ambiental que se empleará, ya que ambos enfoques han sido usados en la agricultura de forma marginal y la intervención gubernamental se ha visto limitada al empleo de medidas de cumplimiento voluntario. También la coordinación entre la política agrícola y la ambiental, para que no se contravengan. Y finalmente, la investigadora propone la interrelación entre las políticas gubernamentales federales y las locales, ya que en ocasiones "las regulaciones de tipo federal no son sensibles a las condiciones locales ni a las especificidades de las diferentes actividades económicas".