Cambios a ley reglamentaria del artículo 27 y CSM entregan explotación de gas a la IP

Profundiza privatización de la energía la nueva reforma legal

En este gobierno se avanza en la estrategia iniciada por el ex presidente Ernesto Zedillo

ISRAEL RODRIGUEZ J.

La reciente reforma al artículo 27 constitucional y a la ley reglamentaria que permite la explotación del gas metano proveniente de las minas de carbón, principalmente por los tres grupos mineros más importantes del país (Grupo México, Autlán y Peñoles) forma parte de la estrategia aplicada desde el sexenio pasado y refrendada por el gobierno del presidente Vicente Fox de ceder participación al sector privado en áreas reservadas exclusivamente al Estado.

Justificándose en una supuesta disponibilidad y necesidad de gas para producir electricidad, el gobierno por medio de la Secretaría de Energía (Sener), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), diseñó y aplicó un proceso encubierto y progresivo para privatizar la explotación de gas natural en México, como ha sido la instrumentación de los controvertidos contratos de servicios múltiples (CSM), entre otros.

Adicionalmente, la participación privada en el sector energético se ha reforzado a través de modalidades de generación eléctrica por parte de particulares.

Esta semana la Cámara de Diputados aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera, con el propósito de entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual las mineras obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionales que les permitirán elevar su rentabilidad.

Fluvio Ruiz Alarcón, experto en temas energéticos, consideró que tras la aprobación de esta iniciativa la CRE debe de estar más vigilante y transparente en el precio de compra que fijará para la adquisición del gas metano por Pemex, además de que aún falta la ratificación por parte del Senado.

La estrategia actual de la Sener y del presidente, Vicente Fox ha sido promovida exactamente con los mismos términos expuestos en su momento por Luis Téllez, secretario de Energía en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo a finales de la década de los 90, en la que se afirma: "El gobierno federal no puede seguir soportando la pesada carga de inversiones en el sector energético. No se pueden sacrificar otros programas de gasto social a costa de un sector en el que la participación privada generaría importantes ganancias y aportaría recursos al fisco".

La política oficial de explotación y consumo intensivo de gas se sustentó en premisas como un crecimiento económico de 7 por ciento anual comprometido por Fox Quesada; gas barato, entrada en vigor de nuevas normas ambientales, desarrollo del sistema eléctrico nacional sustentado en gas y reservas cuantiosas de gas con una disponibilidad de 78 billones de pies cúbicos del energético, lo que alcanzaba para 45 años de consumo, tesis que resultaron inexactas.

Nicolás José Alfredo Hernández Peñaloza, ingeniero químico petrolero con 24 años de antigüedad en Pemex y coordinador del Grupo de Especialistas de la Industria Petrolera que elabora el diagnóstico y la propuesta de política petrolera alternativa, señaló que con esas "falsas y engañosas" expectativas la dirección de Pemex Exploración y Producción (PEP) se comprometió a cubrir la creciente demanda de gas, entregando a partir de este año 6 mil 800 millones de pies cúbicos por día, y para 2010 la elevaría a 8 mil 700 millones de pies cúbicos diarios; metas inalcanzables ante la magnitud real de las reservas probadas, pero en aras de cumplirlas se presagiaba una explotación irracional de los yacimientos con gas asociado.

Al cierre de 2005, la producción de gas natural alcanzó un máximo histórico al promediar 4 mil 818 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, Pemex continúa desperdiciando el combustible al enviarlo a la atmósfera en lugar de almacenarlo o reaprovecharlo para mantener la presión en los yacimientos petroleros. De esta producción total de gas, Pemex quemó el equivalente a 3.8 por ciento, proporción que casi duplica la norma internacional.

De esta manera, de acuerdo con los expertos en 2005 la quema real de gas supera 250 millones de pies cúbicos diarios, con un valor de 700 millones de dólares anuales, cantidad superior a 20 por ciento del gas importado.

Acompañada de premisas falaces, la utilización del gas de manera intensiva tuvo un gran impacto cuando se incrementaron los precios del gas ubicando a México como un importador neto del energético y en una situación altamente vulnerable al importarlo a los precios más caros del mercado de un país también importador neto como Estados Unidos. Mientras en el periodo 2000-2005 el precio promedio del gas natural fue de cinco dólares por millar de pie cúbico; en septiembre de 2005 ascendió a 12 dólares; en 2005 fue de 7.62 dólares por millar de pie cúbico.

El encarecimiento del gas ha provocado el cierre de 4 mil empresas siderúrgicas, papeleras, cementeras y vidrieras, entre otras, según algunos sondeos privados. Además, se ha justificado el cierre de plantas petroquímicas y la cancelación de cadenas productivas en la industria petroquímica, química y agroindustrial, metalúrgica y de manufacturas.

Desde diciembre de 1992, con las adecuaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se permitió la participación privada en las actividades de generación con la creación de figuras como las de autoabastecimiento, cogeneración, productor independiente, importación y exportación y generación a pequeña escala.

De 1994 a agosto de 2005, la CRE otorgó 298 permisos: 205 de autoabastecimiento, 39 de cogeneración, 21 de productores independientes, así como 28 permisos de importación y cinco de exportación. Estos permisos representan inversiones de 13 mil 900 millones de dólares y la construcción y operación de 21 mil 522 megavatios.

En la actual administración se privatizan silenciosamente un sinúmero de actividades de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vinculadas al gas, como son la construcción de ductos, operación de ductos, almacenamiento de gas, distribución de gas, acceso por privados a los sistemas de transporte de Pemex, construcción de plantas de gas para energía eléctrica y producción de energía eléctrica.

Otra de las aristas para permitir la entrada de inversionistas extranjeros en las explotación del gas natural no asociado al petróleo fue el diseño de los cuestionados CSM para la producción del combustible en la cuenca de Burgos por un periodo de 20 años. Entre las empresas beneficiadas por los contratos presumiblemente ilegales destacan: la española Repsol, severamente cuestionada en Bolivia por prácticas ilegítimas, así como Petrobras, Techint, Teikoku y Lewis Energy Group.