Dará base para aclarar las matanzas de 68 y 71, dice
Histórica, solicitud del GDF a la SCJN: Alvarez Garín
Ahora será más que un asunto entre particulares, considera
El Comité 68 consideró que la solicitud del Gobierno del Distrito Federal (GDF) a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de atraer los casos de las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971 es un hecho histórico y de definición de la vida política y jurídica del país, porque una investigación directa del máximo tribunal permitiría conocer el agravio que se mantiene en contra de un sector muy grande de la sociedad mexicana, el cual tiene que ser corregido.
El ex líder estudiantil e integrante del Comité 68 Raúl Alvarez Garín señaló que a partir de la iniciativa del gobierno capitalino el tema de las matanzas "dejaría de ser considerado un asunto que pudiera pensarse como de interés de unos cuantos particulares. Ahora se está planteando como un problema de Estado, en el que instancias de dirección de la vida nacional, como es el GDF, están reclamando una acción de justicia.
"El tema de los juicios de responsabilidad penal de ex funcionarios se va haciendo un asunto que afecta a todos los órdenes del Estado y que va a estar en el centro de definiciones políticas muy importantes en los próximos meses", consideró.
Agregó que la petición a la Corte tendrá que dar un nuevo carácter al litigio que diversas organizaciones han mantenido por años. "Ahora, la Suprema Corte tendrá que dirigirse al gobierno local, y no solamente a los que hemos demandado que se resuelva este problema", dijo.
En entrevista agregó que la decisión del gobierno local "es simplemente la punta de la madeja, porque la solicitud del GDF puede continuar evolucionando en conflictos entre distintas instancias, distintos cuerpos del Estado, en el que unos están actuando en la dirección de impulsar los juicios y otros están obstaculizándolos por diversas razones".
Una investigación directa de la SCJN permitiría, agregó, remontar positivamente "la incorrecta y absurda resolución" de la magistrada que había declarado como prescritos los delitos y había exonerado a Luis Echeverría Alvarez, Mario Moya Palencia y otros acusados.
Por su parte, el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fabián Sánchez, consideró que la petición del jefe de Gobierno, Alejandro Encinas, son sólo buenas intenciones que no van más allá, porque el hecho de que esos casos sean atraídos por el máximo tribunal del país "no implica necesariamente que se haga justicia".
El activista expresó que con esa solicitud "más allá de ayudar, el GDF insiste en algo que podría tener un resultado poco positivo". Destacó que lo que las autoridades deben hacer es replantearse el papel de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ya que al interior de este órgano dependiente de la PGR "hay una grave ineptitud" en la aplicación de las normas internacionales en derechos humanos.
El presidente de la CMDPDH refirió que para una solución al conflicto y el castigo a los que resulten responsables de esos delitos se deben aplicar los lineamientos internacionales referentes a las garantías fundamentales.
Culpó al fiscal Ignacio Carrillo Prieto de la injusticia cometida contra las víctimas desaparecidas durante la guerra sucia porque insiste en presentar los casos como secuestros y no como desapariciones forzadas, lo cual, expresó Sánchez, no sólo refleja su desconocimiento del derecho nacional, sino "su brutal desinformación a escala internacional".