Denuncia que los pobres quedarían excluidos si se aplica la lógica del libre mercado
Condena la CEM el lucro abusivo que pretenden ejercer con el agua
El derecho a los recursos hídricos debe incluirse en la Constitución, propone
La Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó que se lucre con el agua, porque "la lógica de libre mercado plantea que la población absorba todos los costos de su conducción, distribución y saneamiento, con las consecuentes desventajas para la mayoría de pobres que no podrán pagar estos servicios".
Afirmó que en el caso de México, al menos 16.5 por ciento de las comunidades -más pobres- tienen "graves problemas para conseguir este líquido para su consumo doméstico, y más de 20 por ciento carecen de servicio de alcantarillado". Especialmente lamentó que como resultado de la contaminación sólo la cuarta parte de las aguas superficiales sea de calidad excelente o satisfactoria.
Sostuvo que el líquido es un derecho "indispensable para vivir con dignidad humana", lo que significa que el país está comprometido, como ha ratificado en diferentes instrumentos internacionales, a brindar disponibilidad de agua, cuidar que no contenga microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas; que tenga color y sabor aceptables para usos personal o doméstico, además de que esté al alcance de todos los sectores de la población, a costos asequibles, que no comprometan ni pongan en peligro el ejercicio de otros derechos.
Urgió al Estado a integrar estas responsabilidades en las leyes nacionales "para hacerlas exigibles". Falta que el derecho al recurso sea asentado, insistió, de manera explícita en nuestra Constitución, en los términos del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero "por el contrario, en la Ley de Aguas Nacionales se introducen preceptos que favorecen la mercantilización y privatización silenciosa de un bien estratégico para el país. Por ejemplo, son considerados usuarios las personas físicas y morales que tienen títulos de concesión para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, mientras que los consumidores son las personas físicas o morales que reciben el agua potable de otros".
La CEM manifestó que aunque 85 por ciento de la población mexicana tiene acceso al agua potable, persisten "diferencias sectoriales y no todo el líquido posee calidad suficiente".