PRI, PAN y PRD proyectan reformas para mejorar fiscalización y rendición de cuentas
Mantendrán diputados de Edomex reparto de materiales
Toluca, Mex., 8 de marzo. El PRI se perfila para ratificar su papel de brazo del gobierno mexiquense en la próxima Legislatura estatal, mientras la oposición asegura que el Congreso ahora sí será verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo, pero sin renunciar al Programa de Apoyo a la Comunidad (PAC), con el cual los diputados locales pueden gestionar y distribuir materiales de construcción a cargo del erario del mandatario.
A unos días de que se defina en las urnas la integración de la 56 Legislatura, representantes de los tres principales partidos en contienda anunciaron qué temas serán parte de su agenda para los próximos tres años.
Aunque parezca extraño, PRI, PAN y PRD coinciden en que será fundamental el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas, tanto del gobierno del estado como de los 125 ayuntamientos, con el fin de evitar casos como el del ex gobernador Arturo Montiel Rojas, a quien se acusa de enriquecimiento inexplicable.
El candidato de la alianza PRI-PVEM a la diputación local por el distrito 13, con cabecera en Atlacomulco, Héctor Velasco Monroy; el abanderado panista por el distrito 2, con sede en Toluca, Juan Carlos Núñez Armas, y el líder estatal del PRD, Ricardo Moreno Bastida, coincidieron en que la conformación de la Legislatura será de tres tercios, por lo que se tendrá que negociar para sacar adelante toda iniciativa.
"El tiempo de las mayorías absolutas quedó atrás. Nada podrá pasar en automático. Todo requiere negociación y consenso", expresó Velasco Monroy, ex secretario particular del gobernador Enrique Peña Nieto, uno de sus hombres de mayor confianza.
El propio Velasco, quien se perfila como coordinador de la fracción priísta, por su cercanía con el mandatario, adelantó que la labor de sus compañeros de partido en el Congreso será, en gran medida, "coadyuvar al buen gobierno de Peña, pero sobre todo a que pueda cumplir los 608 compromisos que asumió en campaña".
Destacó: "No vamos a ser apéndice de gobierno, pero sí coadyuvantes para su buena marcha. Las iniciativas del Ejecutivo del estado serán nuestra prioridad, pero eso no quiere decir que los diputados del PRI no vayan a presentar las propias".
Núñez Armas, a su vez, consideró que la fiscalización es tema central de la plataforma panista. "Debemos fortalecer al Organo Superior de Fiscalización, dotarlo de mayores instrumentos para auditar a fondo el gobierno y los municipios, avanzar en cuestión de transparencia y rendición de cuentas, e insistir en la regulación de salarios de los poderes y los ayuntamientos, con el objetivo de evitar excesos", dijo.
El perredista Moreno señaló que su bancada tendrá la encomienda de acabar con la discrecionalidad con que se manejan los recursos en el gobierno mexiquense. "Requerimos modificaciones de ley para impedir nuevas transferencias de la Secretaría de Finanzas sin pedir autorización al Congreso", señaló.
PAN y PRI también pretenden definir reglas de operación claras a programas sociales que maneja el gobierno del estado, y fortalecer el federalismo fiscal en la asignación de recursos de inversión a municipios.
Otra coincidencia entre panistas y perredistas es la modernización y transformación de las instituciones, sobre todo las dedicadas a seguridad pública, así como a procuración y administración de justicia. "Es necesario que el Ministerio Público tenga plena independencia del Ejecutivo, que en los cuerpos policiacos haya profesionalización a fondo, juicios orales para hacer más rápida la administración de justicia; pero, sobre todo, apoyo económico para que estas instituciones modernicen su infraestructura", aseguró Núñez Armas.
De diputados a constructores
Aunque la oposición habló de equilibrio de poderes y de acabar con la sumisión del Legislativo frente al Ejecutivo, ni Moreno ni Núñez Armas aceptaron la desaparición del Programa de Apoyo a la Comunidad , aunque sus partidos han reconocido que es un mecanismo de control del gobernador.
Mediante el PAC, cada diputado cuenta con un techo financiero de 2 millones 500 mil pesos al año del presupuesto del Ejecutivo para distribuir materiales de construcción. "Aunque no se ha tomado una determinación oficial, es difícil que se suprima este programa", dijo Velasco Monroy, quien negó que el gobierno use el instrumento para presionar a los diputados de oposición.
Núñez Armas indicó que si bien el Partido Acción Nacional se ha pronunciado por la desaparición del programa de reparto de materiales, "es muy difícil" que esto ocurra. "Hemos intentado suprimirlo, pero como vemos que todos continúan repartiendo materiales, quedamos en desventaja", se quejó.
El perredista Moreno consideró que lo mejor sería transparentar el ejercicio del gasto de dicho programa y auditar a cada legislador sobre el manejo del mismo. "Va a ser muy difícil que se quite, por la presión social que hay hacia los legisladores. Lo mejor es que se fijen reglas de operación, que se transparente y uno sepa dónde se aplicó el recurso y quiénes son los beneficiarios. Si alguien hace mal uso del mismo, que sea sujeto a sanciones", dijo.
Durante una gira por la entidad, el candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos (PRD-PT y Convergencia), Andrés Manuel López Obrador, recomendó suprimir el "indignante" programa, pues "el gobierno del estado lo usa para maicear a la oposición".