El proyecto hidroeléctrico seguirá pese a las protestas en Nayarit, advierte la CFE

Detienen llenado de El Cajón hasta "lograr acuerdo" con campesinos

JESUS NARVAEZ ROBLES CORRESPONSAL

Tepic, Nay., 8 de marzo. Lucas Vallarta Robles, director de Fomento Municipal del gobierno del estado y comisionado para atender el caso de los afectados por la construcción de la presa El Cajón, informó que se convino con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se detenga el llenado del embalse hasta que haya acuerdo con las comunidades inconformes, las cuales se niegan a abandonar sus casas.

El funcionario recordó que la tarde del martes se reunió con una comisión de ejidatarios procedentes de Cantiles -el pueblo más cercana al embalse-, El Ciruelo, San José Mojarras, San Jerónimo Jomulco y El Tepetate, quienes -en presencia de representantes de la Procuraduría Agraria y de la CFE- expusieron sus planteamientos.

Alejandro López Aguayo, abogado de los campesinos, solicitó que la paraestatal envíe interlocutores con capacidad de negociación y de tomar decisiones, por lo que se acordó realizar una nueva reunión el próximo martes en la zona de comunidades afectadas.

Por lo pronto, indicó Vallarta Robles, se tomaron dos puntos de acuerdo: el arraigo del caso en el estado de Nayarit, no en la capital del país, y realizar juntas de conciliación con cada uno de los grupos inconformes.

Las comunidades indígenas afectadas por la construcción de la presa, en especial la de Cantiles, se niegan a desalojar sus casas hasta que se les indemnice de acuerdo con la ley, en tanto que los habitantes de Platanitos han empezado a emigrar hacia la parte más alta de la sierra, pues a causa de la obra hidroeléctrica se han secado sus mantos freáticos y ya no tienen agua ni para beber.

Alicia Castañeda Contreras, una de las dirigentes de la organización civil Kupuri, que ha apoyado a los poblados inconformes, dice que entre éstos se hallan "algunos caseríos que ni siquiera están contemplados en el acuerdo con la CFE, y sus habitantes no saben qué pasará con ellos una vez que sus viviendas desaparezcan" bajo las aguas de la presa.

Recordó que la visita (el jueves pasado) de personal del Ejército a Cantiles "es una de varias ocasiones en que han acudido a querer intimidar a la gente, diciéndoles que tienen que desalojar, porque de lo contrario van a reaccionar de manera distinta".

"Los están asustando, e incluso han amenazado con golpearlos y les dicen que tomen el ejemplo del poblado de Platanitos, cuyos habitantes ya se retiraron voluntariamente. Lo que no precisan es que ese poblado tuvo que ser abandonado debido a la escasez de agua, ya que se han secado muchos mantos freáticos."

-¿Quién se supone que manda al Ejército a realizar esta intimidación?

-No han querido identificarse; sólo advierten: somos el Ejército y venimos a informarles que tienen que desalojar. Dicen que se trata de información, pero gritan a la gente, la avientan y no dan explicación, mucho menos sus nombres.

-¿Les están dando algún plazo para que se salgan?

-No, pero la CFE les informó que ya cerraron el túnel de desagüe de la presa, por lo que ya empezó a formarse el embalse (llenado de agua), con lo que incurren en un atentado contra las familias que aún viven en la zona (200 en Cantiles).

Castañeda Contreras recuerda que la gente de la zona "ya tomó una decisión, y asegura que si no hay pago de sus tierras no se saldrán, aun cuando les inunden".

Explica que "hasta ahora no les están dando ni una razón sobre el pago de sus predios, pues les hicieron un depósito en el Fifonafe (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal) de 11 millones de pesos, pero ellos consideran que es muy poco, pues debe tomarse en cuenta el costo de la tierra y los bienes distintos a la misma.

"Esos millones depositados los utilizan como pretexto para ordenarles que se salgan de sus comunidades, cuando ni siquiera han recibido nada de ese dinero, pues para tener acceso al mismo deben presentar proyectos que indiquen en qué van a utilizar los recursos, y una vez aprobados se les entregará en tres o cuatro etapas".

Agrega que "como otro peligro más, las pocas casas que tienen de concreto (la mayoría son de madera y palma) se están cuarteando por la detonaciones y explosiones que se realizan en la construcción de la presa".

VICTOR CARDOSO

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, afirmó que el proyecto hidroeléctrico El Cajón, Nayarit, no va a detenerse pese a las protestas de algunos ejidatarios de la comunidad indígena de Cantiles, en el municipio de Santa María del Oro.

"No hemos recibido ninguna orden del juez (que lleva el proceso de un juicio de amparo interpuesto por los residentes de la zona) y el nivel del agua del embalse nunca va a llegar hasta las viviendas de los comuneros que se dicen afectados", afirmó.

Por su parte, el coordinador de proyectos hidroeléctricos de la paraestatal, Humberto Marengo Mogollón, señaló que la CFE aceptará pagar un monto mayor de indemnizaciones a los afectados por la construcción de la hidroeléctrica, pero sólo si lo determina la autoridad judicial.

Rechazó cualquier enfrentamiento con la comunidad Cantiles, como se ha difundido en medios locales y nacionales. Según la denuncia de los ejidatarios, el jueves de la semana pasada un grupo de militares se presentó en Cantiles para advertir a sus habitantes que debían dejar sus viviendas para ser reubicados en un lugar todavía no definido.

"Yo viajo cada semana a El Cajón; el jueves estuve allá y no se me informó de ningún incidente. Además, el Ejército no interviene en estas cosas, es una institución sería y no creo que participara en un desalojo", declaró Marengo Mogollón.

No obstante, el funcionario reconoció que la paraestatal ya solicitó la presencia del Ejército para el resguardo de las instalaciones de la presa, pero aclaró que sólo para aquellas que están a punto de ser terminadas y para evitar cualquier acto de sabotaje. Esos elementos, dijo, están concentrados en la zona de la presa donde serán instaladas las turbinas de generación eléctrica.

Insistió en que ningún caserío será afectado por el embalse de la presa y que sólo se inundarán 539 hectáreas de las comunidades San Juan, El Ciruelo y La Playa, las cuales se encuentran entre 3.5 y 6 kilómetros del nivel máximo del agua.

"Estamos enterados de que un grupo de abogados se presentó en las comunidades para despertarles falsas expectativas sobre la posibilidad de un pago superior al establecido por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, de 11 millones de pesos, los cuales fueron depositado en el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Si este organismo ha condicionado la liberación de los recursos, ya no es competencia de CFE", explicó.

Recordó que en febrero de 2005 los comuneros interpusieron un juicio de amparo contra el decreto expropiatorio del 24 de noviembre de 2004. El juez, efectivamente, les otorgó la suspensión provisional "de plano", la cual no implica la suspensión de las obras, pues no se pone en riesgo la vida de las personas.