La petrolera paga 3 mil dólares a militares para que hostiguen a indígenas, dicen abogados
Chevron Texaco ocupa una base del ejército de Ecuador
Quito, 6 de marzo. La petrolera Chevron Texaco utiliza, con la anuencia de los militares, una base del ejército de Ecuador para amedrentar a los abogados e indígenas implicados en un millonario juicio ambiental contra la empresa estadunidense, denunció el lunes la parte afectada.
"Los delegados de Texaco pagan a los militares para que pueden utilizar el batallón de Fuerzas Especiales Rayo 24, en la provincia de Nueva Loja (norte), desde donde hostigan y amenazan a los ecuatorianos demandantes", dijo Steve Donziger, abogado de la ONG Frente de Defensa de la Amazonia.
El dirigente presentó copias del Ministerio de Defensa que "comprueban que la Texaco mantiene una relación cercana y contractual con las fuerzas armadas ecuatorianas".
"Mediante el convenio, Texaco ha construido una villa en la base del Batallón Rayo donde se hospedan y operan. Además, los militares proveen seguridad y otros servicios a la petrolera", indicó Donzinger a Afp.
Según el estadunidense, la multinacional entrega a cambio unos 3 mil dólares mensuales.
"Como consecuencia de la intensificación de los hostigamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares para las víctimas en el caso Texaco", dijeron por su parte representantes de los afectados.
"Lo más lamentable es que el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, permita que extranjeros utilicen las bases militares para atacar a los propios ecuatorianos", fustigó Donzinger.
En mayo de 2003 los indígenas de las comunidades Cofán, Secoya, Siona, Huaorani y Kichwa demandaron a Texaco ante la Corte Superior de Sucumbíos (noreste) por haber contaminado sus territorios durante los 36 años que explotó crudo en Ecuador, con graves repercusiones en la salud humana y el medio ambiente.
La acción fue presentada luego de que una corte de Nueva York ordenó, en 1990, que la multinacional se sometiera a la jurisdicción ecuatoriana, en lo que se conoce como el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera a responder ante la justicia de un país distinto a Estados Unidos.
Según los abogados de los demandantes, Texaco tendría que pagar por lo menos 6 mil millones de dólares como indemnización a los indígenas y campesinos afectados por la actividad de la empresa estadunidense.