Culpa a Madrid de la muerte de uno de sus miembros, quien se suicidó en prisión
ETA critica la política de "dispersión y exterminio" del gobierno español
Ese y otro deceso causan indignación en el entorno abertzale y de autoridades autónomas
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Exequias de Igor Angulo quien pertenecía a ETA y se suicidó el lunes pasado, ayer en el cementerio del municipio de Santurtzi, País Vasco
Foto: Ap
Madrid, 3 de marzo. La muerte de los miembros de ETA Igor Angulo y Roberto Sainz Olmos (el primero se suicidó el pasado 27 de febrero en la cárcel de Cuenca y el segundo fue víctima de un paro cardiaco) provocó la indignación del entorno abertzale y del gobierno autónomo, de los moderados del Partido Nacionalista Vasco, al considerar que el incremento de la tensión en la región es responsabilidad de la reciente reforma del Tribunal Supremo para prolongar las penas de cárcel de los miembros de la organización separatista.
Ante la gravedad de los hechos, y a las interrogantes sobre estas muertes, la propia vicepresidenta primera del gobierno español, la socialista María Teresa Fernández de la Vega, señaló que "son acontecimientos que desgraciadamente se produjeron" y se "atendió a esas personas en la forma correcta dentro del centro penitenciario", en relación con el fallecimiento de Sainz, de 41 años.
Mediante un comunicado aparecido en el diario Gara, ETA señaló que Angulo fue víctima de una política de "dispersión y exterminio" aplicada por "políticos carceleros".
"Los responsables de la muerte de Angulo son el gobierno del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y todos los partidos que colaboran con éste", agregó.
Angulo fue hallado muerto en su celda de la prisión de Cuenca, ahorcado en la reja de la ventana con un cordón de botas, según informó Instituciones Penitenciarias, mientras Sainz sufrió un paro cardiaco.
ETA criticó además la decisión del gobierno vasco, que por medio de su consejero de Interior, Javier Balza, decidió prohibir todas las movilizaciones de homenaje a los miembros de la banda fallecidos.
En tanto, el Tribunal Supremo español cambió radicalmente los criterios jurídicos que mantuvo en las últimas décadas para prolongar la estancia en prisión de miembros de ETA y obstaculizar los derechos penitenciarios a esa organización.
La medida fue adoptada tras las presiones del derechista Partido Popular (PP) y las asociaciones de víctimas de la violencia etarra, con el objetivo de boicotear cualquier proceso de pacificación, lo que afectará a unos 180 presos de ETA.
La principal modificación establecida por el órgano judicial es la que se refiere al cumplimiento máximo de la condena, que es de 30 años, y la posterior concesión de beneficios penitenciarios, entre ellos la reducción de pena por buena conducta o el traslado de centro penitenciario a uno más cercano de su domicilio.
El cambio de doctrina adoptado en solitario por el Tribunal Supremo, con el objetivo inicial de impedir la salida de prisión del miembro de ETA Henri Parot, provocó un agrio debate jurídico y político, al abrirse dos frentes: los que defienden este viraje para impedir la salida de prisión de los miembros de ETA, entre ellos el PP; y los que ven en esta medida una instrumentalización de la justicia con fines políticos, para impedir la puesta en marcha de un proceso de pacificación en Euskadi.
A su vez, el ex jefe del gobierno español José María Aznar lanzó hoy en la convención del PP duros ataques contra el gobierno de Rodríguez Zapatero, al que acusó implícitamente de "rendirse" ante ETA.