La prevención social
Para las organizaciones de derechos humanos existe una correlación directa entre estabilidad social, estado de derecho, democracia, ciudadanía, derechos humanos y seguridad. Es decir, no puede haber seguridad sin ciudadanos que ejerzan todos sus derechos, ni puede darse una democracia sin ciudadanos plenos. Sin éstos es imposible consolidar un estado de derecho que asegure la convivencia pacífica entre los diferentes sectores y miembros de una sociedad. Por eso han venido sosteniendo que la seguridad es condición y efecto de la creación de ciudadanía, fruto del respeto, protección y realización de los demás derechos humanos. Al fin y al cabo los derechos humanos son integrales, indivisibles e interdependientes desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Por ello también postulan un enfoque igualmente integral de la seguridad, con el fin no únicamente de remediar los efectos, sino sobre todo de solucionar las causas que generan la violencia. Han planteado la exigencia de generar cambios estructurales que propicien y refuercen la seguridad en una sociedad compleja y dinámica.
Para sustentar estos planteamientos es indispensable contar con reflexiones autorizadas y datos duros, como son los que proporcionó el pasado jueves Manuel Piqueras en la presentación de su trabajo Las tensiones de la seguridad y la democracia en América Latina. Una mirada desde México, durante la presentación de la Oficina de Servicio Técnico a la Sociedad Civil, del Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde).
En efecto, los datos sobre la criminalidad en México de la oficina de Insyde, correlativos con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Inseguridad realizada por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, con la participación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2003, mientras que la media mundial era de 8.8 en ese mismo año), son incontrovertibles. Más interesante resulta aún el entrecruzamiento de esos datos con los referidos a la reforma económica, el índice de democracia electoral y el crecimiento del PIB per cápita entre los años 1981 a 2003 -con los que se afirma que México está al alza-, comparados con los datos de esos mismos años a propósito del porcentaje de pobreza en el país, la indigencia, el desempleo urbano y el coeficiente de Gini sobre desigualdad social, en los que México está claramente a la baja. Todo ello muestra la necesidad ineludible de relacionar con el tema de la seguridad los temas de la ciudadanía social, civil y política (los derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales), que están en la base de los cambios estructurales que nos urgen.
No debe olvidarse que desde hace mucho se sostiene en los estudios de criminalística una correlación directa entre las condiciones sociales de la población y la incidencia del delito, como se prueba en el análisis de Piqueras, con el propósito no únicamente de sancionarlo debidamente y conforme a la ley, sino sobre todo con la finalidad de prevenirlo. De otra manera se corre el riesgo contrario de incrementarlo, invirtiendo al mismo tiempo grandes cantidades de esfuerzos y recursos, como sucede actualmente en México, pero sacrificando la democracia y atentando contra el estado de derecho.
Es por ello acertado que se eche mano de los análisis del Informe sobre la democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas, que presentó en el 2004 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para tratar con mayor profundidad y eficacia el tema de la seguridad. Es sobre todo importante que el análisis se haya guiado por las declaraciones que José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, y Jorge Eduardo Chen, embajador de México ante la OEA, han hecho recientemente acerca de que la exclusión y la violencia son una epidemia mortal contra la seguridad y la democracia, y de que es imposible pensar en democracias auténticas y estables en América Latina si no se resuelven los problemas planteados de expansión de ciudadanías políticas, civiles y sociales.
Ello no quita que no deban de seguirse atendiendo de manera mejor enfocada los aspectos legales, institucionales, administrativos y operacionales, que son propios de lo que Piqueras denomina como "prevención situacional". Aunque las reformas institucionales de la seguridad pública y de la misma justicia penal son insuficientes sin las reformas económico-sociales, civiles, políticas y culturales. La prevención social.