Editorial
Mineros: gobierno incendiario
Por si no hubiera sido suficiente con la insensibilidad, la torpeza y la irresponsabilidad exhibidas por las autoridades federales tras la tragedia de la mina de Pasta de Conchos, en Coahuila, el gobierno foxista pretendió aprovechar la circunstancia para dar un golpe de mano en el sindicato de los mineros y deshacerse de un líder sindical que ha formado parte de las vetustas y corruptas cúpulas obreras priístas, ésas en las que el foxismo buscó apoyo desde el inicio del sexenio, y a las que ha pagado, desde entonces, con complacencia e impunidad para que los dirigentes charros pudieran seguir haciendo de las suyas en sus respectivos cotos de poder.
Pero en Los Pinos se vivió como propia la irritación que causó Napoleón Gómez Urrutia, el líder defenestrado, a los propietarios de la explotación minera, y se decidió proceder a un remplazo sindical echando mano para ello de expedientes sobre corruptelas reales o imaginarias que hasta entonces habían dormido el sueño de los justos. Es tan impresentable la coartada esgrimida por Francisco Javier Salazar, secretario del Trabajo, que, de ser cierta, implicaría que ese funcionario mantuvo durante 10 días una relación institucional regular con un dirigente al que sabía espurio.
La burda maniobra para deponer al heredero de Napoleón Gómez Sada no habría podido realizarse, por lo demás, en peor momento: cuando ni siquiera han sido rescatados los cadáveres de los 65 mineros muertos víctimas de la mezquindad empresarial y la indolencia de la Secretaría del Trabajo, y cuando dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM) habían estallado huelgas en San Luis Potosí y en Sombrerete, Zacatecas, en demanda de mejores condiciones de seguridad. Ante semejante injerencia provocadora e injustificable, los obreros adscritos a esa organización decidieron iniciar un paro nacional de labores que afecta, además de múltiples explotaciones mineras, a una de las principales siderúrgicas del país: Altos Hornos de México, en Monclova, Coahuila.
Independientemente de la opinión que se tenga del líder sindical depuesto por el gobierno, la acción de los trabajadores constituye una decisión legítima de defensa laboral y sindical frente al desembozado intervencionismo del gobierno en la organización gremial.
Lejos de buscar vías de conciliación y superación del problema, las autoridades quieren apagar el incendio arrojándole gasolina: decretan que el paro es ilegal y ordenan la congelación de las cuentas bancarias del sindicato; el secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar, uno de los principales responsables de este desastre, empeora aún más las cosas declarando que el proceder de los mineros es delictivo, lo que constituye una no muy velada amenaza de represión. De hecho, se ha pedido ya intervenir a la Procuraduría General de la República (PGR) para sancionar a los trabajadores que permanecen leales a Gómez Urrutia por "despojo" de la sede sindical, además de las demandas que ya existían contra éste por fraude y desvío de recursos.
Si las imputaciones correspondientes fueran ciertas, el gobierno dejó correr mucho tiempo antes de proceder en consecuencia. Durante cinco años el Presidente y sus colaboradores cortejaron y mimaron a dirigentes del estilo del ahora depuesto, empezando por el extinto Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine. La selección del momento para actuar contra Gómez Urrutia dejaría entonces entrever una larga historia de complicidad y encubrimiento. Si el fraude del que se le acusa no fuera una mera fabricación gubernamental y empresarial, como podría ser el caso y aquí es imperativa la duda, porque el foxismo ha destruido su propia credibilidad fabricando "delitos" inexistentes y "culpables" que luego resultan ser inocentes, el gobierno ha mezclado con una torpeza inconmensurable un asunto penal con una lucha sindical legítima. Pero también podría ser que estemos, una vez más, ante ilegalidades inventadas recuérdese a Andrés Manuel López Obrador, a Artemisa Aguilar, a Nahúm Acosta, a Joaquín Romero Aparicio y a muchos otros, en cuyo caso la maniobra del foxismo denotaría, además de ineptitud, una perversidad delictiva, ésa sí, además de exasperante.
De cualquier forma, la Presidencia en curso ha entrado en una dinámica abiertamente destructiva y se ha convertido en un factor de desencuentros, rupturas e incendios sociales. El foxismo parece francamente empeñado en echarse a perder sus últimos meses en el poder y tiene, por desgracia para el resto del país, posibilidades reales de conseguirlo.