Los caciques andan sueltos
Uno de los saldos del mal llamado gobierno del cambio es el fortalecimiento de los cacicazgos regionales. Los gobernadores priístas han acentuado su autoritarismo ante la ausencia del freno que les significó el presidencialismo setentón de su partido. Nuestra desgracia es que en el foxismo se tiró al niño con todo y el agua sucia, pues queriendo desterrar el presidencialismo en realidad se anuló la figura presidencial. Ni lo uno ni lo otro, así que en cierta forma regresamos a la etapa previa al surgimiento del Partido Revolucionario Institucional. Las fuerzas regionales, sus caciques gobernadores, señores absolutos y cabeza de los tres poderes, han actuado a sus anchas, sin contrapeso alguno.
Hoy por hoy nos están ofreciendo evidencias de sus andanzas criminales y violatorias a las más elementales reglas constitucionales y de derechos humanos. Ni qué decir del gobernador precioso y sus contubernios poblanos contra la periodista Lydia Cacho y también contra Martín Barrios. Ahí están las evidencias y no debería sorprender la reacción que tenga la Suprema Corte de Justicia, la cual no tenía por qué esperar a que le solicitaran su intervención ante las evidencias escandalosas de la confabulación y sometimiento de la ley para aplicarla a modo de los intereses y preferencias definidos por "el señor gobernador", si se me permite el recuerdo de Miguel Angel Asturias con su genial obra El señor presidente.
Pero no sólo en Puebla se cuecen habas; también en otros lugares de Oaxaca se están esmerando en la desviación de poder en contra de autoridades comunitarias. Lamentablemente aún opera una suerte de "zona de tolerancia" para las noticias que tienen escenario indígena.
La madrugada del 20 de febrero, 60 elementos de la policía ministerial de Oaxaca llegaron a la comunidad de San Juan Bosco Chuxnabán abriendo fuego contra toda la población para "detener" a Lorenzo Canseco Hernandez, Pioquinto Vásquez Martínez y Anastacio Morales Vásquez, y dejaron tirado y abandonado en los límites de Chuxnabán a Filomeno Flores Sánchez, quien apareció un día después esposado en el monte.
Si uno se pregunta el porqué de un operativo así para intimidar no sólo a esa comunidad, sino a toda la región, se requiere recordar que en la zona de Quetzaltepec se presentaron numerosos conflictos con los caciques apoyados por diputados priístas y el gobierno del estado; a raíz de ello las autoridades comunales expulsaron a quienes violentaban la autonomía que practican en los hechos. No es ajena al conflicto la manipulación oficial de los recursos destinados a los municipios que, antes que palancas para el desarrollo, se han convertido en la manzana de la discordia.
Lamentablemente en Oaxaca no hay condiciones para esperar justicia: primero los acusaron de violación tumultuaria, y luego han pretendido configurar otros delitos aduciendo que en realidad fueron emboscados por los comuneros y que sólo repelieron la agresión.
¿Quién garantiza una investigación seria? ¿Dónde está la famosa ley oaxaqueña de derechos indígenas que hizo tantas declaraciones de autonomía? ¿A quién rinde cuentas el gobernador Ulises Ruiz? Y de nuevo el Poder Judicial en manos locales. ¿Dónde está la vigilancia del consejo de la judicatura? Las autoridades de Chuxnabán han declarado: "Negamos rotunda y categóricamente que nuestros compañeros ahora detenidos hayan cometido delito alguno... En todo caso, su único delito fue haber servido y estar al servicio de nuestra comunidad cumpliendo y haciendo cumplir las normas y mandatos que nos han enseñado nuestros antepasados y que para nosotros son ley suprema". Sus abogados de Servicios del Pueblo Mixe preparan la defensa, pero no se duermen en sus laureles y difunden la denuncia comunitaria sobre la operación política que está detrás, en la cual las autoridades señalan con nombres y apellidos a los autores intelectuales de estas agresiones, porque los materiales fueron las autoridades constituidas: la policía ministerial a su servicio. ¿Algo puede ser más escandaloso?
Por otra parte, también estos días San Juan Lajarcia en Yautepec, Oaxaca, concitó la unión de comuneros de cuatro municipios para detener al costo que sea la ejecución de una resolución del tribunal unitario agrario que los privaría de 4 mil 650 hectáreas que han poseído desde tiempo inmemorial y que serían adjudicadas a San Bartolo Yautepec.
La resolución fue publicada el 31 de diciembre de 2004 y declaró "resuelto el conflicto de límites". Un caso más, aparentemente "agrario", con trasfondo político, en el que la aplicación del derecho requiere de un clima de gobernabilidad y búsqueda de consensos previos a la formalización de una resolución, pues de otra manera únicamente se está detonando la violencia y las que ponen los muertos son las comunidades. ¿Será que de eso se trata?